El Gobierno restringe los viajes por misiones oficiales para «racionalizar el gasto público»

El Gobierno restringió los traslados por misiones oficiales y a eventos internacionales para «contribuir a una mayor racionalización del gasto público» y los funcionarios sólo podrán viajar a jornadas que no cuenten con la posibilidad de participar de manera virtual.
La medida fue adoptada a través de la Decisión Administrativa 836/2022, publicada este viernes en el Boletín Oficial y rubricada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro.
De esta forma, sólo se podrán autorizar «los traslados por misiones oficiales o comisiones de servicio al exterior, cualquiera fuera la fuente de financiamiento del gasto, a eventos internacionales reconocidos e impostergables para los intereses del Estado nacional cuya organización no contemple la posibilidad de participar adecuadamente mediante una plataforma de reunión virtual o software de videoconferencia».
«El funcionario o la funcionaria o autoridad peticionante deberá declarar, en carácter de declaración jurada, que el evento no cuenta con alternativas que permitan la intervención adecuada, a distancia», añade el texto de la normativa.
Aquellos funcionarios que tengan rango y jerarquía de ministro deberán contar con el visto bueno del jefe de Gabinete. También correrá el requisito para «titulares de secretarías, subsecretarías, instituciones de la Seguridad Social, entes reguladores, liquidadores y superintendencias, incluyendo los cuerpos colegiados, organismos de la Administración Pública Nacional Descentralizada y Desconcentrada y direcciones nacionales y generales o sus respectivos niveles equivalentes».
Los interesados en viajar deberán prever el traslado con antelación suficiente para tratar de acceder a mejores tarifas. En ese sentido, se priorizará la utilización de la vía más corta tanto a la ida como al regreso, y deberán realizarse por la ruta y aerolínea que reúna las condiciones más apropiadas, con prioridad a las aerolíneas de propiedad del Estado.