El juez federal Sebastián Casanello le ordenó ayer al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que disponga la inmediata distribución de miles de toneladas de alimentos que tiene almacenadas en distintos depósitos desde la asunción del presidente Javier Milei, aunque el Gobierno informó luego que apelará la medida.
El escándalo se desató por una investigación periodística publicada el fin de semana, que reveló la existencia de más de 5.000 toneladas de alimentos sin distribuir en depósitos del ministerio de Pettovello, en medio de la crisis social que sacude a la Argentina. Ante la noticia, el dirigente social Juan Grabois presentó una denuncia ante la Justicia, a la que se adhirieron los comedores sociales que denuncian la falta de provisión de alimentos desde la llegada de Pettovello a la cartera que era el Ministerio de Desarrollo Social.
Ante la presentación, el juez Casanello ordenó ayer al Ministerio de Capital Humano que “elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas”. Además, dispuso “librar una orden de presentación”, que significa el aporte voluntario de información, sobre “el detalle del stock actual de los alimentos almacenados en los depósitos ubicados en las localidades de Villa Martelli, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Provincia de Tucumán”. Ese informe “deberá incluir el tipo de alimento y las fechas de adquisición y expiración de la mercadería”, puntualizó el magistrado.
Sin embargo, el Gobierno salió a informar que apelará la decisión al argumentar que “no es una cuestión judicial sino que es una cuestión de política pública”. “De las 5.000 toneladas que se encuentran en los galpones, el 60%, más de 3.000 toneladas, corresponden a paquetes de yerba mate pertenecientes a una contratación irregular que realizó la gestión anterior y se encuentra bajo una auditoría”, justificó la cartera de Pettovello en un comunicado, donde además consideró que “el pedido del juez es un avance ilegítimo de la Justicia sobre la democracia que viola la división de poderes”. Asimismo, destacó que “no se van a entregar alimentos a comedores inexistentes para que queden en manos de las organizaciones extorsivas”.
“La Justicia no se puede entrometer en la política pública”, insistió luego el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien brindó una versión distinta de la cartera de Pettovello al afirmar que “estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes. Esto no es una cuestión que solo ocurre en Argentina, esto pasa en el resto de los países del mundo”.
“Es mentira que las 5.000 toneladas de comida que está estoqueada en los depósitos del ex Ministerio de Desarrollo Social están reservadas para catástrofes como dice el Gobierno”, contestó a su vez Grabois, quien explicó que “no existen pruebas documentales que permitan afirmar tal cuestión, por el contrario mostramos (en la causa judicial) documentos que señalan que la comida se adquiere para atender a las personas en situación de vulnerabilidad social”. “La mercadería acaparada en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo están destinadas a atender a población vulnerable en comedores y merenderos comunitarios de la sociedad civil”, puntualizó Grabois, quien recordó que “es facultad del Poder Ejecutivo diseñar métodos adecuados, transparentes y eficaces para garantizar la efectiva entrega de los alimentos, pero es obligación del Poder Ejecutivo realizarlo en tiempo y forma. Ninguna de las dos cosas está sucediendo”, completó.
Causa por la falta de entrega de comida
Paralelamente a la medida ordenada por el juez Sebastián Casanello, su par en lo contencioso administrativo federal Walter Lara Correa inició un proceso colectivo contra el Gobierno nacional por la falta de entrega de alimentos a comedores y merenderos en todo el país.
Con su decisión, el magistrado abrió un período para convocar a personas, asociaciones u organizaciones “que pudieran tener un interés en el resultado del litigio” y le pidió al Poder Ejecutivo que informe sobre la ejecución de los programas de alimentos.
Belliboni fue citado a declarar
El juez Sebastián Casanello citó a indagatoria al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por presunto manejo fraudulento de los planes Potenciar Trabajo.
“Vamos a ir a declarar yo y todos mis compañeros que están citados. No tenemos nada que ocultar. Contestaremos lo que nos pregunten y vamos a denunciar al ministro de Economía que redujo el ingreso del plan social casi a nada”, dijo Belliboni, quien agregó que “también iremos a denunciar, porque la Justicia no nos llama por la comida que tienen acopiada y no distribuyen”.
