El Senado de la Nación aprobó esta noche en el recinto el proyecto impulsado por el kirchnerismo para que la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sea pagada en base a la recuperación de «dólares fugados» de evasores que tienen bienes en el exterior no declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La iniciativa presentada por el senador neuquino Oscar Parrilli -mano derecha de Cristina Kirchner- recibió 37 votos positivos y cosechó 31 rechazos, todos ellos de parte de la oposición. El proyecto para crear el «Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional» apunta a formar un fideicomiso con el aporte del 20% de los bienes de ciudadanos argentinos en el exterior no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares.
En el caso de que los evasores declarasen los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota sube del 20 al 35%, de acuerdo al texto de la iniciativa, que recibió dictamen de mayoría el pasado 20 de abril.
Por otra parte, se estipula la creación de la figura del «colaborador», que será «cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos».
El monto a partir del cual se considerará como acreditada la información proporcionada por el colaborador no deberá ser inferior a U$S 500.000 en concepto de activos no declarados.
El colaborador, de acuerdo a la norma propuesta, recibirá una recompensa del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas estatales. Según se explicó, quienes no se allanen al pago de este aporte corren el riesgo de recibir una sanción penal.
Este fondo estará vigente hasta que se cancele en su totalidad la deuda con el FMI, o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo, y será administrado por el Ministerio de Economía.
El proceso de contralor, fiscalización y supervisión de este fondo estará a cargo de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.
«Queremos evitar que los compromisos internacionales de pago incidan en las condiciones de vida de las personas trabajadores y productoras que ya han sido duramente castigadas por la crisis economía generada por el gobierno anterior y por la pandemia», afirmó el miembro informante del oficialismo, Daniel Pablo Bensusán.
Por su parte, el también oficialista Ricardo Guerra subrayó que «el proyecto en tratamiento aborda uno de los problemas estructurales más serios que soporta nuestra economía». «Es inadmisible que existan en el exterior más de 410 mil millones de dólares de los cuales 340 mil millones son fruto de evasión de impuestos», enfatizó el riojano.
La oposición advierte que la medida, si bien busca capturar parte del capital fugado al exterior, representa un blanqueo fiscal ya que quienes cumplan quedarán eximidos de cualquier sanción de tipo penal, pese a haber cometido el delito de evasión y defraudación.
El radical chaqueño Víctor Zimmerman (UCR) expuso esta visión: «Pensamos que esto es un blanqueo. Porque aquel evasor, una vez que pueda ser identificado y se le haga una determinación de deuda, con solo el 20 por ciento de esa determinación de deuda ya va a poder normalizar su situación fiscal». También el senador Martín Lousteau (UCR) aseguró que «esto es lisa y llanamente un blanqueo».
En sentido opuesto, la rionegrina del Frente de Todos García Larraburu sostuvo que el proyecto tiene como virtud el hecho de que apunta a la «equidad distributiva». «Este proyecto nos da la posibilidad de trabajar en la equidad distributiva porque buscamos que la deuda la paguen los principales beneficiarios de este endeudamiento. Este un enorme acto de justicia porque el pueblo no tiene que pagar la deuda», señaló.
La senadora de la UCR Edith Terenzi insistió con la idea de que sólo se busca favorecer el blanqueo de capitales que fueron producto de la evasión. «Me parece que es engañoso querer hacernos creer que necesitamos este proyecto de ley para recaudar el dinero que proviene de la evasión fiscal, mientras se oculta una clara intención de blanqueo de capitales», consideró la chubutense.
La senadora salteña del Frente de Todos Nora del Valle Giménez defendió la iniciativa al sostener que «las deudas se honran, pero las estafas se denuncian, investigan y condenan». en tanto que pidió dirigir los esfuerzos del Estado en dar respuesta a la deuda interna.
«Cuando se lee detenidamente el dictamen nos damos cuenta de que este es otro capítulo equivocado del relato oficialista. El Estado corre el riesgo de ser un vehículo para el lavado de activos porque no se dice explícitamente el origen de los fondos», advirtió la tucumana de Juntos por el Cambio Beatriz Ávila.
El puntano Adolfo Rodríguez Saá (Frente Nacional y Popular) respaldó el proyecto de Parrilli porque, según dijo, arremete «contra quienes fugaron de la Argentina, contra los que evadieron y los que trampearon». «Cuando se fugan millones de dólares provocan acá inflación, devaluación de nuestra moneda y un saqueo al Banco Central», argumentó.
La senadora cordobesa Alejandra Vigo, esposa del gobernador Juan Schiaretti, rechazó el proyecto, al que calificó de «inconsistente e inconstitucional», si bien rescató «las buenas intenciones» del oficialismo para recuperar los recursos evadidos.
«Creo que este proyecto en tratamiento tiene intenciones que se contradicen, es un proyecto inconsistente y me resulta inconstitucional en muchísimos de los puntos esenciales, más allá de la buena intención de hacer traer fondos que han llevado afuera», fundamentó.
El salteño de Juntos por el Cambio Juan Carlos Romero rechazó la iniciativa por considerar que se trata de crear un nuevo impuesto. «No vamos a apoyar nuevos impuestos, ni medidas alocadas irracionales como esta. Sí apoyamos lo racional, como lo fue el acuerdo con el FMI, y todo lo que nos lleve a un camino de construcción», dijo.
Al tomar la palabra, Parrilli aclaró que el proyecto de su autoría no tiene una finalidad recaudatoria sino que el objetivo es «cancelar totalmente la deuda con el Fondo Monetario Internacional». «Está claro que la intención no es recaudar, ni crear un impuesto, nuestro objetivo es cancelar totalmente la deuda con el Fondo Monetario Internacional y para eso creamos esta herramienta liberando a los argentinos del pago de esa deuda», destacó.
La sesión fue encabezada por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, debido a que la titular del Senado, Cristina Kirchner, se encuentra al frente del Poder Ejecutivo a raíz del viaje oficial del presidente Alberto Fernández a Europa.
