La Cámara de Diputados avanzaba anoche, al cierre de esta edición, con el tratamiento de la Ley ómnibus que impulsa el gobierno nacional -que incluye el paquete fiscal-, en una sesión que estuvo envuelta en un clima de alta tensión con las fuerzas opositoras no dialoguistas, en un marco caldeado por las protestas en el exterior.
La sesión comenzó con la presencia de 135 diputados entre los representantes de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal (HCF), Innovación Federal y otros bloques aliados; mientras que Unión por la Patria (UxP) y la izquierda ingresaron luego de la reunión del quórum. Ya en la apertura se sintió la primera rispidez cuando Martín Menem, presidente de la Cámara baja, quiso apurar la aprobación del temario con la intención de imponer la votación por capítulos y que la sesión se desarrolle de corrida, sin cuartos intermedios. Allí, UxP exigió que ambos proyectos se voten por artículos, disyuntiva que fue sometida a una votación nominal: el plan oficial sumó 140 votos a favor y 109 en contra.
Las fuentes oficiales deseaban que el resultado de esta justa marcara la votación en general de la Ley Bases y el paquete fiscal, que ocurriría en la mañana de hoy. Pero si bien el Gobierno asegura tener garantizado un caudal de 140 votos para su aprobación en general, habían regresado los fantasmas respeto de la votación en particular, ya que persisten diferencias con los bloques dialoguistas en varios artículos.
Las principales diferencias están en la delegación de facultades, privatizaciones, Ganancias y la instalación de un régimen de promoción de inversiones que deja afuera a las pequeñas y medianas empresas. El diputado Martín Tetaz (UCR) anticipó además que propondrá la reinstalación de la eliminación de la “cuota solidaria” en la reforma laboral, algo que afectaría gravemente los ingresos de los gremios.
Fuentes opositoras anticipaban también que el artículo 3 de la Ley Bases, que habilita al Gobierno a disolver organismos del Estado, no pasaría la votación en particular pese al anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre la continuidad del Banco de Datos Genéticos.
Por lo pronto, LLA (38 diputados) tenía garantizado el acompañamiento de su principal aliado, el PRO (37), así como también de otros bloques minoritarios que ya son sus socios y del bloque Innovación Federal (8). La duda estaba en la adhesión del radicalismo (34), que votaría dividido, y de HCF (22), que había perdido el apoyo de la Coalición Cívica-ARI (ver Ruptura…). Entre todos, el oficialismo tendría entre 128 y 136 votos asegurados.
Por lo demás, la discusión mostró la gran polarización que generan las iniciativas, que plasman visiones radicalmente opuestas del país. Ya en el inicio del debate, el presidente de la Comisión de Legislación General, Santiago Santurio, resaltó que “hay una batalla cultural de entender cómo funciona el Estado”, que según él es “el principal causante de la deuda, la presión impositiva que cae sobre todos los argentinos y todas las empresas”.
Desde el kirchnerismo, Germán Martínez fue directo contra el Gobierno por agitar la bandera de la transparencia. “No hay ningún tipo de transparencia posible con un Gobierno de tramposos y de mentirosos”, cargó el santafesino, mientras que luego Carlos Heller denunció que “el oficialismo quiere seguir favoreciendo a los ricos en detrimento de las grandes mayorías populares”. “No le podemos dar facultades extraordinarias a alguien que va a aplicar un genocidio económico”, completó Juan Marino (UxP).
María Eugenia Vidal (PRO) defendió en tanto la propuesta de eliminar la moratoria previsional y reemplazarla por un nuevo régimen que reconoce “una prestación del 80%” de una jubilación mínima para personas que no llegaron a los 30 años de aportes; mientras que Nicolás Massot (HCF) aseguró que “no es más la ley” del presidente Milei sino que “es la ley de este Congreso”, aunque dijo que se “juega entero” a que el Senado revise la media sanción que surja de Diputados en temas polémicos como el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, la eliminación del monotributo social y la actualización del impuesto a las Ganancias.
Reclamo de los metalúrgicos
El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), Elio Del Re, advirtió que el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (Rigi) incluidos en la Ley Bases “podría generar una competencia desleal con la industria preexistente”.
“Si el producto en Estados Unidos vale un millón de dólares y en Argentina vale lo mismo, al que lo compra le saldría un 30% menos comprarlo afuera”, explicó Del Re, quien enfatizó que “no estamos hablando de competitividad, estamos hablando de incentivos”.
El Rigi establece diferentes beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios: entre ellos, la exención de derechos de importación y tasa de estadística para el ingreso de bienes de capital, repuestos y componentes destinados a los nuevos proyectos.
Ruptura de la Coalición Cívica
La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, le puso más incertidumbre a la suerte que correrá la nueva versión de la Ley ómnibus al anticipar su alejamiento del bloque Hacemos Coalición Federal (HCF), comandado por Miguel Pichetto.
“Nos vamos para mantener autonomía”, sentenció Carrió anteanoche al anunciar que su partido romperá con HCF por su respaldo a la norma libertaria, que calificó como “una matriz de saqueo que va a terminar en corrupción”.
Carrió anticipó que su bloque votará en contra del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y del blanqueo de capitales. Además, la líder de la CC denunció sobre un acuerdo entre el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y las bancadas del PRO y la UCR conducida por Rodrigo De Loredo para votar a mano alzada los capítulos más polémicos de la norma.
