La baja de imputabilidad para los menores de 16 años, está nuevamente en debate por el asesinato de la niña que murió durante un robo, perpetuado por dos menores. Además, se busca aprovechar la apertura de la Cámara de Diputados para instalar el tema.
Para lograr esto, será esencial que La Libertad Avanza (LLA) y el PRO acuerden con otros bloques parlamentarios para sancionar este proyecto que ya fue presentado con anterioridad. Necesita conseguir una mayoría en las cuatro comisiones en que se trata el tema, y lo mismo para su sanción en el recinto.
La diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado (PRO), que preside la comisión de Legislación Penal, anticipó que «se presentará el cronograma de trabajo y tratamiento del proyecto para 2025» con el fin de aprobar un Régimen Penal Juvenil que le ponga fin a la impunidad, según sus propias palabras. “Se trata de darles a las víctimas la justicia que merecen y a los jóvenes una oportunidad de resocialización, pero con un mensaje claro: el que comete un delito debe pagar por ello», enfatizó.
Antecedente del debate
El 26 de julio del año pasado, el Gobierno presentó un proyecto para reducir la imputabilidad a los 13 años, además de establecer un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal, donde se establece una pena máxima de 20 años y se prohíbe la reclusión perpetua.
Durante este tiempo, se han realizado siete reuniones de comisiones para tratar la iniciativa propiciada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Sin embargo, no fue posible avanzar porque es un tema que genera amplias diferencias entre los congresistas.
Características del Régimen Penal Juvenil
El Régimen Penal Juvenil prevé incluir penas de prisión, pero también sanciones alternativas como amonestaciones, prohibiciones de contacto o acercamiento a la víctima, prohibición de salir del país o del lugar de residencia, monitoreo electrónico y prestación de servicios a la comunidad, entre otras.
Por otro lado, este régimen contempla apoyarse en un sistema de resocialización con programas educativos, de formación ciudadana, deportivos y tratamientos médicos cuando sea necesario. También, se pretende crear la figura del supervisor, encargado de acompañar y guiar al joven infractor en su proceso de rehabilitación y reintegración a la sociedad.
Sin embargo, esto no reemplaza ni atenúa la necesidad de que cada infractor cumpla con la pena correspondiente por el delito cometido.
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