El Gobierno nacional aplicó un fuertísimo recorte en la entrega de medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados, que quedó restringido a quienes ganen menos de $388.500, quienes además deberán realizar un farragoso trámite de inscripción para no quedarse afuera del beneficio.
“Adicionalmente a todas las coberturas que tenemos seguiremos garantizando el acceso total a medicamentos mediante el subsidio social para todos aquellos que realmente lo necesiten”, señaló el Pami en un comunicado, que sin embargo estableció que los jubilados que deseen mantener el beneficio deberán realizar la inscripción en la página del organismo -que incluye trámites presenciales- para recibirlo.
A ciencia cierta, el Pami estableció nuevas condiciones para acceder a los medicamentos gratuitos, que incluyen tener ingresos menores a 1,5 haberes previsionales o hasta 3 haberes en caso de que el afiliado conviva con una persona que tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD); no estar afiliado a una prepaga; no tener más de un inmueble, un vehículo de menos de 10 años ni ser dueño de bienes de lujo; y no ser titular de activos societarios que indiquen capacidad económica plena. “De no cumplir con los primeros dos puntos, si el costo de los medicamentos indicados para el tratamiento es igual o mayor al 15% de sus ingresos, el afiliado puede solicitar la cobertura al 100% a través de una vía de excepción”, aclaró el organismo.
Su titular, Esteban Leguízamo, afirmó que “estamos reordenando con una administración eficiente”. “No se le saca ningún medicamento al vademécum: todos los jubilados que no puedan pagar pueden acceder al subsidio y van a conseguir la medicación gratis. Es un trámite simple y rápido, que se puede iniciar de forma online y solo hay que demostrar que no se puede pagar”, aseguró Leguízamo, quien afirmó que “ahora vamos a financiar la demanda, no la oferta”.
Críticas por los trámites
“No confundamos: más trámites es menor acceso a medicamentos. Cuidar los recursos del Pami está muy bien, pero no a costa de quienes sí los necesitan”, respondió la radical Carla Carrizo, quien advirtió que “a partir de hoy, un jubilado que cobra $260.000, en vez de ir directo a la farmacia, deberá ir al médico para que le haga la receta; sacar fotocopia de DNI, llenar Declaración Jurada, presentar recibos de haberes y copia de recetas; sacar turno en Agencia Pami para acreditar cumplimiento de requisitos. Si no cumple, turno con trabajadora social y luego revalidación médica. Si es aprobado, concurrir a farmacia para retirar medicamentos”.
“Desde el Gobierno hacen alarde de políticas para eliminar trámites. Sin embargo, a los más de 3.500.000 de afiliados del Pami que consumen medicamentos les agregan un trámite más, presencial, para solicitar cobertura y básicamente justificar la intensidad de su indigencia. Tarda, es engorroso y obliga al jubilado a presentar información que el Estado ya tiene: todo lo que en estos casos no debe hacerse”, completó Carrizo.
“Si sos un gil trabajador que se ganó su jubilación y no estás literalmente en la indigencia, no te dan los remedios gratuitamente como exige la ley argentina y la más elemental ética”, se quejó el dirigente social Juan Grabois en la red social X; mientras que el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak advirtió que “se elimina el programa de medicamentos gratuitos del Pami: esto agrava la crisis de acceso a medicamentos y suma un nuevo capítulo a la política sanitaria del gobierno nacional que profundiza nuestra preocupación”. “Un jubilado gasta hoy el 35% de sus ingresos para cubrir la canasta de medicamentos y con esta decisión tendrán que destinar hasta el 80% en aquellos que cobran la mínima”, completó.
Diez mil tratamientos de VIH en riesgo
El Presupuesto 2025, el primero que elabora el gobierno de Javier Milei, proyecta que la cobertura para el tratamiento de las personas con VIH excluirá 9.150 casos respecto a los que efectivamente se brindaron en el último año completo del que se tienen datos.
El presupuesto también proyecta la atención de 66.500 personas en el sistema público de salud, aunque en 2023 este número ya alcanza las 67.000. De acuerdo con la Fundación Huésped, una de las organizaciones más reconocidas en Argentina en la lucha contra el VIH, también se prevé una menor compra de reactivos para carga viral, test rápidos y pruebas de sífilis.
Para preservativos, se calcula la compra de 21.000.000, mientras que en 2023 fue de 55.300 millones. Además, no se incluyen los 8.700 tratamientos para profilaxis preexposición ni los casi 5.000 de profilaxis postexposición, esenciales para prevenir la transmisión del VIH.
