El flamante protocolo “antipiquetes” impulsado por el gobierno de Javier Milei tuvo ayer un debut televisado prácticamente en vivo por las principales cadenas de noticias para contener la primera marcha contra el Gobierno nacional impulsada por partidos de izquierda y organizaciones sociales de la Unidad Piquetera (UP), que pudieron protestar en la Plaza de Mayo “contra el ajuste económico” oficial sin mayores inconvenientes.
Si bien se registraron incidentes cuando las columnas de manifestantes se dirigían hasta la histórica plaza, la jornada se pudo desarrollar sin que se registraran escenas de violencia importante, algo que fue destacado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien resaltó que “hoy no se cortaron las rutas”. Sólo dos personas resultaron detenidas “por agredir al personal policial”, según explicaron voceros oficiales; mientras que la propia Bullrich indicó que “el único herido” fue “un miembro de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires”.
Ocurre que, al fuertísimo despliegue de efectivos tanto de Gendarmería Nacional como de la policía porteña y federal en el microcentro, se sumaron los operativos de control desplegados desde tempranas horas de la mañana en estaciones de trenes y colectivos de la ciudad, donde se requisaron “más de 700 colectivos” y se detuvieron momentáneamente a potenciales manifestantes, según informó el secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro. La propia Bullrich destacó que este operativo coordinado entre las cinco fuerzas federales, “disminuyó significativamente la cantidad de manifestantes” en la protesta. “Está garantizado el derecho a protestar, pero aquí se ha hecho un abuso de este derecho (…). La Argentina ha vivido una excepcionalidad que nosotros vamos a desarmar”, aseveró la ministra ante los cuestionamientos surgidos, a la vez que destacó que “la mayoría de la gente decidió no concurrir” a la protesta.
Todo el operativo de seguridad fue supervisado durante casi dos horas por el propio presidente Milei desde el Departamento Central de Policía, acompañado de Bullrich y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello. El despliegue policial fue tan grande que, a veces, fueron las propias columnas de las fuerzas de seguridad quienes cortaron las calles para impedir el paso de los manifestantes, momentos donde se registraron escenas de violencia que dejaron a varios periodistas afectados.
Ya con los manifestantes en la Plaza de Mayo (se calcula que hubo menos de 20.000) la situación se tranquilizó y las organizaciones pudieron realizar su acto, donde leyeron un documento conjunto en el que denunciaron que “estamos movilizando unidos contra el hambre, en defensa del trabajo genuino, los salarios, las jubilaciones, la salud y la educación, de todos nuestros derechos, contra la represión y el ataque a los planes sociales”. Allí, reclamaron la reapertura inmediata de las paritarias y un aumento general de salarios, jubilaciones y planes sociales, además de “ningún despido ni suspensiones”.
Por su parte, el constitucionalista Ricardo Gil Lavedra cuestionó la detención de manifestantes antes de su llegada a la plaza. “Que suban a colectivos a filmar a la gente o pedir documentos es un exceso, concurrir a una protesta social no es un delito”, aseveró el especialista al evaluar la aplicación del protocolo, a la vez que destacó que “la protesta es un derecho constitucional (…): todo Gobierno debe tratar de respetar este derecho a la vez que garantiza que no se realice un ejercicio abusivo del mismo”. Por su parte, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, consideró que el protocolo “es peligroso”. “Es extraño que una costumbre natural de hacer concentraciones callejeras para reclamar ahora se prohíba y quieran hacerlas en la vereda, que es una cosa imposible, es perturbar más la ciudad que hacerla en las calles”, consideró Carlotto por la mañana, casi en tono premonitorio.
Bullrich destacó la efectividad del operativo
“Con este nuevo Gobierno hemos iniciado una manera distinta de tratar con los permanentes piquetes, los permanentes cortes de calle que la Argentina viene sufriendo desde hace más de 20 años”, manifestó ayer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al evaluar la aplicación de su protocolo “antipiquetes”, en una conferencia de prensa donde indicó que “hoy también dimos un paso muy importante conjuntamente con el Ministerio de Capital Humano en advertirle a los ciudadanos que tienen planes sociales que las cosas han cambiado, que se acabaron los punteros”.
“También hoy es un día importante porque a la pasividad a la que llevaron a las fuerzas de seguridad frente a la violación de la ley, donde tenían que mirar cómo se violaba la ley, ahora hubo una acción activa para terminar con esa violación de la ley”, agregó Bullrich en referencia a las protestas, y celebró que “hoy no se cortó la avenida 9 de julio, hoy no se cortó el puente fue Pueyrredón, hoy no se cortaron accesos ni rutas”.
La Justicia rechazó un habeas corpus
La Cámara del Crimen rechazó ayer el habeas corpus preventivo presentado por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el Centro de Estudios Legales y Sociales y otros organismos de derechos humanos contra el protocolo “antipiquetes” impulsado por la ministra Patricia Bullrich.
“No se advierte la existencia de las limitaciones, restricciones o amenazas actuales a la libertad de las personas”, sostuvieron los jueces de las Cámara del Crimen al confirmar un fallo de primera instancia y rechazar las quejas.
Los jueces firmantes son Ignacio Rodríguez Varela, Hernán Martín López y Julio Marcelo Lucini. Este último es el principal candidato del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para ocupar el cargo de Procurador General de la Nación.
Por otra parte, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Santiago Carrillo se declaró incompetente para entender en un amparo con pedido de medida cautelar presentado por un abogado contra la aplicación del protocolo “antipiquetes”.
