La disputa política por los controles del plan Precios Justos escaló ayer al ámbito judicial luego de que la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, presentara una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández; el ministro de Economía, Sergio Massa; y el secretario de Comercio, Matías Tombolini; por sumar a organizaciones sociales y al gremio de camioneros a los operativos de inspección, al calificarlos de “grupos parapoliciales”.
“Massa, Tombolini y Fernández están quebrando el Estado de derecho incitando a la violencia y creando grupos parapoliciales”, argumentó la ex diputada al anunciar su denuncia, donde los acusó de los delitos de “incumplimiento de funcionarios públicos, abuso de autoridad, intimidación pública, instigación a cometer delitos”.
La polémica se inició luego de que la semana pasada trascendiera que el Sindicato de Camioneros se sumó a los controles de la Secretaría de Comercio en los centros de distribución de los principales supermercados para garantizar el abastecimiento en las góndolas del plan Precios Justos, que el Gobierno selló con las grandes cadenas por 180 días. Si bien la normativa del programa prevé la posibilidad de que ciudadanos particulares controlen y denuncien el incumplimiento del programa, Carrió entendió que debe quedar a cargo de los inspectores del Ministerio de Economía.
“Ese y no otro es el procedimiento de control gubernamental”, remarcó en la presentación judicial, donde acusó al Presidente y sus ministros de dejar el programa “en manos de grupos caracterizados por su apego al delito”. Carrió incluso habló de una “patota paraestatal” elegida por Fernández, Massa y Tombolini “para eludir los mecanismos legales de contralor de precios, a través de sus inspectores, con auxilio de la fuerza pública y, con eventuales allanamientos pedidos a la Justicia”.
Lanzado ya en plena campaña electoral, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se subió también a la polémica al sostener que “el Gobierno nacional manda al sindicato de Camioneros y a militantes de Barrios de Pie a patotear los centros de distribución para controlar precios. Una decisión ilegal, que no sirve para nada y que es lo opuesto a lo que necesitamos los argentinos”.
Incluso, Larreta puso a disposición de “los comerciantes que se sientan amenazados” un teléfono 911 para que denuncien a los sindicalistas que busquen controlar sus precios. “Frente a cualquier situación que reciban como un hostigamiento, una amenaza o una dificultad para poder ejercer sus derechos cuentan con el 911 para ponerse en contacto con la Ciudad”, anunció el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, quien puso a su disposición a la Policía de la Ciudad para que “se haga presente en los comercios y reestablezca el imperio de la ley”.
Se suman los movimientos sociales
A la colaboración del Sindicato de Camioneros para el control del programa Precios Justos, el Gobierno sumó en las últimas horas a los movimientos sociales con el objetivo de que en la segunda quincena de enero ofrezcan capacitaciones barriales para los vecinos.
“Nos pusimos a disposición. Hay un desfasaje en los precios en los barrios populares. La idea es difundir la aplicación”, explicaron desde Barrios de Pie. A su vez, desde la Casa Rosada, salieron a cruzar la denuncia de Elisa Carrió al considerarla “un disparate”.
“No merece ni resiste mayor análisis la denuncia, ningún juez puede tomarla en serio”, indicaron desde Balcarce 50, cuyas fuentes negaron que el gremio de Camioneros vaya a ejercer “poder de policía”. “Sólo verifican y dan aviso a la Secretaría (de Comercio) que es la que fiscaliza y la única que puede aplicar sanciones y multas”, aclararon.
“Nuestra tarea es denunciar a la Secretaría de Comercio si hay faltantes de productos, y cuáles son esos productos”, explicó a su vez Pablo Moyano, líder de los camioneros, quien reafirmó que “los que controlan y multan son los inspectores de la Secretaría de Comercio”.
