Fernández se metió en la polémica por la causa Vialidad y elevó la tensión política

“En mi Gobierno no amenazamos ni perseguimos a fiscales ni jueces”, salió a aclarar el mandatario

Fernández se metió en la polémica por la causa Vialidad y elevó la tensión política

Fernández se reunió ayer con el canciller indio para analizar la inclusión en los Brics.

Las repercusiones por la investigación contra la vicepresidenta Cristina Fernández en la llamada causa Vialidad no dejan de extenderse a todo el sistema institucional, profundizando la tensión existente entre el oficialismo, la oposición y parte del Poder Judicial. La novedad en las últimas horas fue la incorporación plena del presidente Alberto Fernández en la polémica, luego de que el miércoles a la noche intentara defender a la vicemandataria en un programa de televisión de TN, canal perteneciente al grupo Clarín.

Si bien el mandatario aseveró allí que la imputación contra Fernández de Kirchner en la causa es “insostenible jurídicamente” y consideró que la acusación del Diego fiscal Luciani “es un error estrepitoso” porque “parte de una premisa insólita que dice que ella, como Presidenta, no pudo no saber lo que pasaba” con las licitaciones realizadas por Vialidad en Santa Cruz; la polémica se trasladó a su propia figura luego de que los periodistas trajeran a colación el caso del fiscal Alberto Nisman. “Hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó, hasta acá no se probó otra cosa”, dijo Fernández, quien cuestionó la sugerencia de que “al fiscal Luciani le puede pasar lo mismo que a Nisman” y consideró que “espero que Luciani no haga algo así”.

La respuesta fue interpretada como una amenaza directa por la oposición de Juntos por el Cambio (JxC), que presentó un pedido de juicio político en la Cámara de Diputados y una denuncia penal contra el mandatario por “amenazas y sedición” (ver. Denuncia..). Las declaraciones son “una clara amenaza contra los fiscales para que no continúen con su tarea de acusación a fin de evitar que formulen cualquier otro impulso del expediente que tienen a su cargo. También representan amenazas contra los jueces a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2”, argumentaron en la denuncia.

“Cristina Fernández, Alberto Fernández y el kirchnerismo tienen que frenar con el ataque sistemático y permanente a las instituciones y a la división de poderes. Ayer, señor Presidente, usted cruzó un límite”, se sumó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; mientras la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, consideró que “estamos en una situación sumamente delicada, donde tenemos que prevenir que suceda algo grave con la familia (de los fiscales) y de todos los incluidos. No se equivoquen, no solo se trata de los fiscales, es una amenaza a los jueces y también a sus hijos”, completó.

El propio fiscal Luciani consideró que “es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones por parte de un Presidente de la Nación”, aunque aclaró que “no lo tomo como personal, tenemos que pensar en cuidar las instituciones. No se cuál es el sentido que le quiso dar a lo que dijo pero no es un buen mensaje. Estoy muy tranquilo con el trabajo que hicimos”.

Fernández misma salió a aclarar luego por distintos medios que en su Gobierno “no se amenazan ni persiguen a fiscales ni jueces”, por lo cual “ningún” funcionario judicial debe “sentirse en riesgo”, y consideró que sus palabras fueron “tergiversadas” ya que el nombre de Nisman había sido introducido por los periodistas. “Me dijeron si yo no temía que le pasara (a Luciani) lo mismo que a Nisman, entonces yo, como la pregunta hablaba de Nisman, dije lo que francamente creo. Hasta donde todos sabemos, no se ha podido probar otra cosa: Nisman se suicidó”, insistió el jefe de Estado, quien argumentó que “si la pregunta hubiera sido por la seguridad de los fiscales, yo hubiera respondido que en mi Gobierno no amenazamos ni perseguimos a fiscales ni a jueces, con lo cual nadie debe sentirse en riesgo”.

“Ningún juez o fiscal deben temer por su integridad. Solo les reclamo a todos que se haga justicia”, enfatizó Fernández, quien dijo sentir “orgullo” por haber terminado “con las malas prácticas de los servicios de inteligencia operando” en los tribunales federales. “En verdad, ¿cuál es la realidad? Que Cambiemos no quiere que se cambie la justicia. No quieren porque esta justicia les sirve a ellos. Si esta justicia le es útil a un espacio político, es a la oposición”, subrayó finalmente el jefe de Estado, quien insistió en que el trabajo de Luciani “en términos de derecho penal” es “de una pobreza magnífica”. “Si (Luciani) dice que Cristina ‘no podía no saber’, es porque no lo probó”, argumentó el mandatario –que es profesor de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires- y señaló que el fiscal le atribuyó a Cristina “delitos dolosos, que exigen dolo directo, que es algo que hay que probar”.

Denuncia y pedido de juicio político de Juntos por el Cambio

El bloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio (JxC) presentó por la tarde de ayer un pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández, a quien acusó de “mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delito” por las declaraciones que efectuó sobre el fiscal federal Diego Luciani.

La presentación se hizo en una conferencia de prensa encabezada por los presidentes de todas las bancadas del espacio, quienes argumentaron que “son temerarias y amenazantes las declaraciones mencionadas; parecería que con ellas el Presidente de la Nación quisiera limitar o impedir la libertad de jueces y fiscales para que ejerzan su función con absoluta libertad”.

Más temprano, legisladores de la CC-ARI presentaron una denuncia en la justicia contra al Presidente por “instigación al suicidio y amenaza de asesinato mafioso al fiscal Luciani y amenaza a los jueces del Tribunal Oral Federal 2”, informó Maximiliano Ferraro.

CFK vinculó al macrismo con los dólares de López

La vicepresidenta Cristina Fernández volvió a la carga al difundir un documento del FBI que revela que parte del dinero que tenía el ex secretario de Obras Públicas José López cuando fue detenido había sido enviado al banco Finansur, propiedad de un dirigente ligado al macrismo.

La Vicepresidenta publicó en Twitter el documento enviado en 2018 por Miguel Ángel Osorio, director regional del FBI, explicando que 3.200.000 de los dólares incautados a López habían sido remitidos desde Estados Unidos al Banco Finansur, “propiedad de Jorge Sánchez Córdova, macrista y ex tesorero de Boca durante la gestión de (Daniel) Angelici”, subrayó.

“Esta información fue recibida en Comodoro Py el 20/04/2018, al año y 10 meses de la detención de López”, afirmó Fernández, quien insistió en que “ya transcurrieron casi cuatro años y medio sin que ello se investigue. Lo dicho: no sólo persiguen a los peronistas sino que encubren a los macristas”, cerró.

El jefe de Estado aseguró que recibió amenazas de muerte

El presidente Alberto Fernández denunció ayer que recibió amenazas de muerte e informó que la Policía Federal ya se encuentra investigando los hechos.

“Todos recibimos amenazas. Yo también recibí amenazas de muerte”, dijo el mandatario en una entrevista donde aclaró que “no es la primera vez” que le pasa.

Si bien no se quiso explayar “para no interferir con la investigación”, el mandatario consideró que existe un “grupo de gente” que realiza “agravios, ataques y violencia física”, algo que consideró “insostenible”.

“Parémonos un segundo en los llamados libertarios. Van y dejan bolsas simulando que adentro hay cuerpos humanos, las cuelgan de las rejas de la Casa Rosada”, afirmó Fernández en referencia a una protesta realizada en febrero del año pasado, a la vez que reclamó más templanza a la clase política porque “la democracia nos exige un nivel de convivencia que debemos respetar”.

Movilizaciones en todo el país por la Vicepresidenta

Militantes de organizaciones políticas, sociales, sindicales y de derechos humanos se reunieron ayer en nutridas manifestaciones convocadas en distintos puntos del país en defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la vez que se seguía manteniendo una vigilia frente a su casa en el barrio porteño de Recoleta.

El denominador común era la denuncia de una “persecución judicial” y un “intento de proscripción” de la ex mandataria por el juicio de la obra pública conocido como “Vialidad”.

Las manifestaciones más nutridas se registraron en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Rosario, aunque hubo réplicas en localidades de distintas provincias. Al mismo tiempo, el Consejo del Partido Justicialista (PJ) de Buenos Aires resolvió convocar a un congreso partidario para el 3 de septiembre en la localidad bonaerense de Merlo en respaldo de la Vicepresidenta, quien será invitada a encabezar el encuentro.

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