La investigación de la “mesa judicial” bonaerense que funcionó durante la gestión de María Eugenia Vidal avanza tanto en el ámbito judicial como parlamentario rumbo a verificar la responsabilidad política en la persecución de dirigentes sindicales mediante el armado de causas judiciales.
La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) entregó a la justicia federal de La Plata información clave para el expediente porque confirma que dos ex funcionarios del gabinete bonaerense de Vidal, que participaron de la reunión en el Banco Provincia que desató el escándalo, visitaron el organismo de inteligencia más de una decena de veces en fechas muy cercanas al encuentro. Se trata del ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, y el ex subsecretario de Justicia, Adrián Grassi, que ingresaron a las oficinas de la AFI para reunirse con Gustavo Arribas, Silvia Majdalani o con el ex director de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, en las fechas cercanas a la reunión donde estos propios ministros de Vidal ofrecieron a empresarios armar causas judiciales contra Juan Pablo “Pata” Medina -por entonces el líder gremial de la Uocra platense-.
También pasó por ahí otro de los presentes en la filmación: el intendente de La Plata, Julio Garro. A ellos se suman dos nombres que hasta ahora no habían aparecido, pero que por la temática de la causa cobran relevancia: el ex ministro de Justicia de la provincia, Gustavo Ferrari, y el ex ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca.
Un dato relevante es que en la reunión en el Bapro además de los hombres del gabinete de Vidal (Villegas, Grassi y el ex ministro de Infraestructura, Roberto Gigante) y el intendente Garro, entre otros, oficiaron de anfitriones tres ex miembros de la AFI: el ex director de Asuntos Jurídicos, Juan Sebastián De Stéfano, el ex jefe de Gabinete, Darío Biorci, y el citado ex director de Contrainteligencia, Dalmau Pereyra. Según la información conocida, tres días antes del encuentro en el Bapro (12 de junio de 2017), Garro fue a ver a la ex número dos de la AFI, Silvia Majdalani. Ese mismo día, el ex titular de la AFI, Gustavo Arribas, estuvo en la Casa Rosada, donde volvió al día siguiente, a la mañana y a la tarde. Esta segunda visita coincidió con la presencia de Dalmau Pereyra en la Casa Rosada, quien también fue el 15 de junio con el ex ministro de Justicia Germán Garavano, en el despacho de Marcos Peña. De Pereyra dependía el área que hacía “cableados” con cámaras y micrófonos para el espionaje.
Coincidencias como estas se repiten a lo largo de las fechas registradas –por ejemplo, el 26 de junio el ex ministro de Justicia bonaerense, Ferrari, fue a ver a Arribas, días antes de la primera denuncia judicial contra Medina, el 30 de junio -, lo que refuerza las sospechas de la connivencia de la dirigencia política de Cambiemos con el armado de causas.
Ya el comisario Hernán Casassa declaró, ante la Comisión Bicameral de Inteligencia, que los responsables del armado de causas en Buenos Aires también eran convocados a la “mesa judicial” a nivel nacional por la AFI. Precisamente, la comisión espera la declaración de cuatro figuras clave para avanzar en la pista política del escándalo: el procurador Julio Conte Grand, Dalmau Pereyra y dos ex empleados del Banco Provincia.
Vidal prepara con tiempo su estrategia judicial
El video es ilegal, hasta ahora no apareció una orden judicial”, responde la ex gobernadora María Eugenia Vidal cuando le preguntan por la filmación hallada en la AFI de la ya célebre reunión en el Banco Provincia donde sus entonces funcionarios planeaban el armado de causas judiciales contra el gremialista Juan Pablo “Pata” Medina.
La ex gobernadora afirma que, si la grabación es ilegal, la investigación tiene vida corta, aunque teme una imputación por parte de la fiscal federal Ana Russo. El juez federal Ernesto Kreplak ya pidió varias medidas de prueba que la involucran (ver principal), entre ellas un entrecruzamiento de llamadas entre los funcionarios presentes y la propia Vidal.
Fuentes judiciales no descartan incluso que pueda terminar siendo llamada a indagatoria, aunque no sería en el corto plazo. Pero la ex gobernadora está convencida que eso no alcanzará para probar su responsabilidad en el armado de causas.
En última instancia, está convencida de que la denuncia por la reunión en el Banco Provincia no debe investigarse en La Plata, por lo que intentará llevarla a los tribunales de Comodoro Py. Por lo pronto, la fiscal Ana Russo impulsó otra denuncia en su contra, presentada por el ex jefe de Gabinete del gobierno de Daniel Scioli, Alberto Pérez, por presuntos hechos de inteligencia ilegal en Buenos Aires.
