En medio de una ola de inseguridad con crímenes en el Gran Buenos Aires y después del pedido de renuncia del presidente Javier Milei, el gobernador bonaerense Axel Kicillof eligió dar una respuesta con mucha gestualidad política. Rodeado de intendentes y líderes, le contestó al Presidente en una conferencia de prensa. Allí volvió a pedirle una reunión para tratar el problema de la inseguridad y adelantó que se investigará la posible comisión de un delito al orden constitucional. Y lanzó: «No sea cobarde, deje Twitter y los delirios autoritarios».
Kicillof comenzó hablando «del crimen de Kim, que nos llena de dolor y rabia». Reiteró sus acusaciones contra la oposición a su gestión, esta vez con nombre y apellido. «Ayer hablé de una actitud miserable y oportunista de Milei y de los dirigentes de La Libertad Avanza, que decidieron usar la tragedia con fines electorales«, indicó.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires recordó la invitación a Milei para tratar el tema de la inseguridad. En ese sentido, volvió a vincular la ola de violencia e inseguridad con el narcotráfico. «Dije que el incremento de la violencia está asociado al narcotráfico», enfatizó este viernes.
Así, apuntó contra la Justicia federal y contra el Gobierno nacional. «Habla de doctrina nacional y de leyes. No sé si lo sabe pero son leyes nacionales», expresó Kicillof. En la misma sintonía que el jueves, se refirió a la situación del asesino de Kim de 17 años, que había sido detenido y liberado hace pocas semanas, pero no habló del otro joven, de 14.
«Poner presa a una persona, darle la libertad es algo que no decide y no resuelve un gobernador. No sé si lo va a entender porque repite y repite esta mentira. Si hay discusiones sobre el Código Penal Juvenil, estamos dispuestos a abordarlas. En este caso se trata de un asesino de 17 años, no le atañe la cuestión de la edad porque es completamente punible. Acá el problema no es de las leyes sino de la Justicia, cómo se imparte y cómo se aplican esas leyes que tampoco corresponde al Poder Ejecutivo. No decidimos si queda preso, tenían que estar preso, estaba libre y asesinó», profundizó.
Entonces llegó el primer dardo: «Milei es el principal responsable del narcotráfico. Por eso lo convoqué a una reunión de trabajo, en su oficina o en la mía, donde quiera».
Poco después, volvió a dirigirse al Presidente. «No puede controlar 200 kilómetros de la frontera en el norte del país y dice que en un año va a terminar con la violencia», añadió Kicillof, parafraseando el tuit del libertario.
También salió al cruce del pedido de renuncia y las insinuaciones de intervención de la provincia de Buenos Aires. Sostuvo que el mensaje de se trató de un intento para tapar el escándalo cripto. «Esta mañana el Presidente decidió responder a esa invitación pero no con una convocatoria, ni una propuesta concreta sino con un mensaje de Twitter cargado de violencia y de amenazas. En su mensaje amenaza con intervenir la Provincia de Buenos Aires. Algunos lo asocian con un intento de tapar el escándalo de estafa de corrupción internacional con criptomonedas de la que es protagonista», aseguró Kicillof, que aludió a una nota que publicó este viernes The New York Times.
Tildó la posibilidad de la intervención de «sueño autoritario» y remarcó que la insinuación de Milei tiene como objetivo «una provincia en la que perdió las elecciones». Y subrayó: «Hay consensos que no se tocan: la democracia, el federalismo y la Constitución».
«Es una amenaza que implica intervención de sindicatos, universidades. Es un intento de avasallar la soberanía popular en todos los órdenes. No es conmigo, es con el pueblo y con determinados principios que el gobierno de Milei desearía borrar». Luego agradeció las expresiones de apoyo y continuó: «Esta reacción le deja en claro al presidente Milei que no va a atropellar a la democracia y a nuestra provincia de Buenos Aires».
«Le pido que no sea cobarde, deje Twitter y los delirios autoritarios y se reúna con seriedad para tratar un tema complejo», añadió Kicillof. Además, adelantó que se formulará una denuncia penal para que se investigue la posible comisión de un delito «contra el orden constitucional y los poderes públicos de la Provincia».
