Cumplida la primera etapa de la gestión del presidente Javier Milei, simbolizada por la demorada Ley Bases, la piedra refundacional y pieza maestra del proyecto político y económico libertario, se inicia la segunda etapa del Gobierno y una agenda parlamentaria necesariamente distinta.
En el plano estrictamente legislativo, para este segundo semestre que recién se inicia hay algunos proyectos de que se recortan en el horizonte cercano como la reforma electoral, la baja de la edad de imputabilidad y la ampliación de la Corte Suprema.
La primera versión de la Ley Bases presentada en diciembre pasado, que contenía más de 600 artículos, entre ellos la obligación para los jueces de utilizar toga negra y martillo, incorporaba entre otros capítulos una ambiciosa reforma electoral, que fue defendida en su momento por el entonces ministro de Interior, Guillermo Francos, ahora empoderado como jefe de Gabinete.
La resistencia de las provincias y de los partidos políticos de la oposición a que ese fuera una tema debatido en el marco de una ley ómnibus hizo que ese fuera el primer capítulo amputado de la redacción de la norma.
La decisión del Poder Ejecutivo es reflotar la reforma electoral, recuperando varios de sus lineamientos originales, como la eliminación de las PASO y la implementación de la boleta única.
Se dejarán de lado los aspectos que habían despertado mayor controversia como la uninominalidad de circunscripción, para no ensuciar la negociación con un tema que igualmente no va a pasar el embudo que planteará la oposición.
Ese sistema innovador, que había sido impulsado con la idea de reemplazar el sistema de representación proporcional de distribución de cargos por D’Hont, generó mucho ruido en diciembre, cuando fue presentado, porque le reducía representación electoral a las provincias con menor densidad poblacional y además afectaba a los partidos minoritarios.
La nueva reforma electoral, que podría presentarse, según murmuran las paredes del Palacio Legislativo, podría presentarse y empezar a tratarse en agosto.
Para que las modificaciones al Código Electoral pueda, implementarse en las elecciones del año que viene, la iniciativa tiene que sancionarse en ambas cámaras antes de diciembre, ya que en los años electorales no se pueden implementar reformas electorales con efecto inmediato.
La reforma electoral que tiene en mente el Poder Ejecutivo puede resumirse en los siguientes puntos: eliminación de las PASO, con el argumento de que el Estado no tiene que incidir ni volcar recursos públicos para financiar las internas de los partidos políticos, boleta única y listas abiertas para que los ciudadanos tengan mayor participación en la selección de los candidatos, y bajar la edad de votación a los 13 años, igualando el criterio con la edad de imputabilidad que está proponiendo el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para los menores que delinquen.
La eliminación de las PASO y la boleta única son temas que reúnen bastante consenso entre las fuerzas políticas del oficialismo y de la oposición dialoguista desde la época del macrismo, pero por una u otra cuestión nunca se pudo avanzar.
Las PASO habían sido sancionadas por ley en 2009 a través de la ley 26.571 de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral”, y fueron aplicadas por primera vez en las elecciones del 2011.
La escasa utilización de las PASO por parte de las alianzas electorales hizo que desde un principio ese mecanismo fuera puesto en tela de juicio por el enorme gasto y logística que demandaba desde el Estado nacional.
Sin embargo, muchas fuerzas políticas empezaron a utilizarlas tanto para la confección de las listas de candidatos locales, como nacionales, tanto para los cargos legislativos como fórmulas presidenciales, siendo el caso más representativo el de Juntos por el Cambio con la interna que Patricia Bullrich le ganó a Horacio Rodríguez Larreta.
Lo que todavía no está claro en esta reforma electoral es si se mantendrá el criterio de paridad de género en la integración de las listas electorales, cuya eliminación estaba presente en la primera Ley Bases.
La correlación de fuerzas dirimirá esta cuestión pero a priori asoma complicado que se pueda avanzar en retirar el cupo de genero teniendo en cuenta que la paridad de generó fue votada transversalmente con el impulso -no de un gobierno peronista- sino del Gobierno de Mauricio Macri en 2017.
La boleta única es innegociable para el Gobierno, que entiende que existe la suficiente base de apoyo para avanzar exitosamente, quedando por resolver si se pasará a un esquema de votación electrónico o se conservará la papeleta como instrumento de votación.
La novedad es que la boleta única que piensa el poder Ejecutivo se complementa con un sistema de listas abiertas, para que el votante pueda hacer uso de su creatividad y combinar candidatos de distintos partidos o incluso cambiar el orden de los candidatos.
Todavía no hay ni siquiera un esbozo de redacción, por lo que este sistema de listas abiertas no tiene aún una silueta definida, pero queda a las claras que la intención es que el ciudadano pueda hacer un popurrí con su voto, un “Elige tu propia aventura” electoral.
La propuesta para bajar la edad de votación a los 13 años parece más una consigna antojadiza que una realidad posible.
Frente a la versión que se dejó correr, varias figuras de la oposición dialoguista le hicieron saber al Gobierno que no están de acuerdo con habilitar el voto a tan corta edad, por más que sea concebido en esta instancia (entre los 13 y los 18) como optativo y voluntario.
El justificativo del Gobierno es que si los menores de edad que delinquen están preparados para ir a la cárcel desde los 13 años, el mismo criterio debe utilizarse con el derecho al voto.
Nadie desconoce que el segmento adolescente es el más propenso a acompañar las ideas de Javier Milei, ya que es donde La Libertad Avanza tiene un activo consolidado y evidentemente existe un interés político en explotar esa potencialidad.
El presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, ya avisó que está en contra y que le parecía razonable bien mantener la edad mínima para sufragar en 16 años.
La ampliación del número de ministros de la Corte es un tema recurrente, que atraviesa administraciones de distinto signo político. Ya lo había planteado el Gobierno anterior, que quiso llevarlo a 15 miembros, y había logrado media sanción del Senado. Después el trámite se cajoneó en Diputados.
Ahora el Gobierno de Milei quiere no solamente conseguir que se aprueben los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en el Senado, sino seguir agrandando el Tribunal Superior con el espíritu de sumar mujeres y darle a la Corte una impronta más federal.
