La CGT y las dos CTA, junto a organizaciones sociales y gremiales, realizaron hoy una masiva marcha al Palacio de Tribunales, en rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía y en apoyo a las presentaciones judiciales que buscan su inconstitucionalidad, y advirtieron sobre la «feroz reforma laboral regresiva» que incluye la norma, con medidas «arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas de un vasto número de derechos civiles, comerciales y sociales».
Así lo afirmaron en un documento titulado «Somos trabajadores, no somos la casta» que una locutora leyó sobre un escenario montado en Plaza Lavalle, mientras los titulares de la CGT, Héctor Daer y Pablo Moyano, dijeron a la prensa que «hay que voltear» el DNU «en la política, en la justicia y en las calles» y ratificaron que el comité central confederal de esa central obrera, que se reúne mañana, analizará la posibilidad de convocar a un plan de lucha, que podría incluir un paro general.
En un clima de tensión contra el Gobierno nacional que asumió hace 17 días, la plaza Lavalle fue el epicentro de una movilización que colmó ese espacio público y las calles aledañas, en medio de un importante operativo de despliegue de las fuerzas de seguridad, en cumplimiento del protocolo de orden público que fue monitoreado desde el Departamento Central de la Policía Federal por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y su par porteño, Waldo Wolff.
En la desconcentración, un colectivo atropelló a un efectivo de la policía de la Ciudad sobre la avenida Corrientes, en su cruce con Uruguay, lo que provocó que efectivos de la Infantería se apostaran en el lugar para despejar la zona y se produjeron momentos de roces y tensión con las fuerzas de seguridad, que se llevaron dos detenidos.
Mientras se desarrollaba el acto en Plaza Lavalle, se conoció que el juez nacional del Trabajo Ignacio Ramonet desestimó el dictado de una medida cautelar «interina» para suspender la vigencia de artículos vinculados a la reforma laboral incorporada en el decreto de necesidad y urgencia , ya que «todavía no se encuentra vigente», según argumentó.
Además, el magistrado resolvió asumir la competencia para tramitar una demanda de inconstitucionalidad presentada por la CGT y le dio tres días al Gobierno nacional para responder, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.
En declaraciones a la prensa, uno de los cotitulares de la CGT, Héctor Daer (Sanidad), afirmó que «lo que hay que hacer es voltear el DNU de desregulación de la economía «en la política, en la justicia y en las calles» y dijo que «hay que ser inteligentes y tener la mejor estrategia para voltear el DNU», ante la posibilidad de decretar una medida de fuerza nacional.
Por su parte, otro de los cotitulares de la central obrera, Pablo Moyano (Camioneros), reafirmó que mañana en la reunión del comité confederal de la CGT «seguramente se va a aprobar un plan de lucha para rechazar este DNU que va en contra de los trabajadores y del país» y «se va a facultar al consejo directivo a tomar las medidas necesarias».
En el documento leído en el acto, la central obrera advirtió sobre la «feroz reforma laboral regresiva» que incluye el decreto de necesidad y urgencia con medidas «arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas de un vasto número de derechos civiles, comerciales y sociales».
«Ser legal es respetar la Constitución nacional. Ser legítimo es convencer a las mayorías. Si no se respeta ese esquema se corre el riesgo de no ser respetado. Y de no ser República. No se confunda señor Presidente. No somos la casta. Somos los trabajadores», dice el documento.
La central obrera aclaró que hoy «vinimos a pedirle a la Justicia que cumpla con la función de contralor el Poder Ejecutivo y declare la inconstitucionalidad del DNU».
En esa línea, agrega que «frente al atropello irracional de unos de los poderes del Estado, los trabajadores acudimos a la Justicia para que vuelva a equilibrar el funcionamiento de la República».
«Hoy, en representación de los intereses de todos y todas las trabajadoras y los trabajadores que, de manera sectorizada o generalizada, ven conculcados sus derechos, presentamos ante la Justicia Nacional del Trabajo nuestro reclamo a fin de obtener una sentencia que declare la inconstitucionalidad del decreto de necesidad de urgencia», destaca el texto.
En el comienzo del documento, la central obrera señala que «el presidente de la Nación prometió hacer un ajuste que lo pagaría lo que él denomina ‘casta política’, y que los trabajadores recibiríamos los beneficios de ese recorte».
Entre los gremios enrolados en la CGT que aportaron sus militantes a la manifestación había columnas de la Uocra, la UOM, los gremios de Sanidad, Obras Sanitarias, Camioneros, Bancarios, y UPCN.
De la movilización participaron también los grupos de izquierda integrantes de la Unidad Piquetera, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), movimientos sociales como el Movimiento Evita, Libres del Sur, y frentes de izquierda como el Polo Obrero, MTS, MAS e Izquierda Socialista.
Asimismo, participaron dirigentes políticos como los diputados del FIT, Nicolas del Caño y Myriam Bregman; el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis; y el titular del Frente Patria Grande, Juan Grabois.
En declaraciones a la prensa, el diputado y secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, sostuvo que la manifestación transcurrió «con tranquilidad, en paz y masivamente a la espera de que la Justicia termine con este DNU que es inconstitucional» y agregó: «Ojalá que el Poder Judicial deje sin efecto el DNU».
«Esperemos que la Justicia lo de vuelta al tema del DNU porque sino, cada cuatro años, se cambia el marco jurídico del país. Después que no se quejen si hay una reforma judicial por decreto», advirtió Palazzo.
En tanto, el secretario general de los trabajadores de la construcción, Gerardo Martínez, planteó: «Queremos un Presidente que respete la división de poderes y que entienda y comprenda que los trabajadores tienen la necesidad de defenderse en forma colectiva».
«A la CGT nos preocupa todas las reformas del DNU, pero más las sociolaborales porque guardan un sentido que va en contra de los derechos de los trabajadores, ya que viola los derechos constitucionales», manifestó.
Martínez, quien es uno de los gremialistas con mayor diálogo con el Gobierno de La Libertad Avanza, sostuvo que «el diálogo es algo que nosotros estamos reclamando con una mesa tripartita entre el Estado y los sectores empresariales».
En ese punto, el secretario general del personal civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, reafirmó que las futuras medidas de fuerza «las van a decir el comité central confederal que se reúne mañana» y añadió: «Seguramente habrá un plan de lucha que debemos ver en qué plazo de tiempo se da».
