Los envíos automáticos de la Nación a Córdoba registraron hasta el 29 de enero pasado una caída real del 11,1%, en línea con el resto de las provincias y también con la baja sufrida ya en los últimos meses luego de los cambios en el impuesto a las Ganancias.
El dato reflejado en un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) indicó que las transferencias automáticas (coparticipación y leyes especiales) cerrarán el mes con una merma del 12,2% (real, o sea descontada la inflación) para el conjunto de provincias, que equivalen a 277.150 millones de pesos.
Las cifras confirman así la tendencia que ya se venía observando en el cierre de 2023 y particularmente tras los cambios dispuestos en el impuesto a las Ganancias, aún en la gestión de Alberto Fernández e impulsadas por Sergio Massa. Esos cambios en un tributo clave para la coparticipación, derivaron en una baja real en los giros nacionales que, en el caso de Córdoba, representan seis de cada 10 pesos que recauda regularmente, reveló ayer el diario Comercio y Justicia.
La caída que se mantendrá en los próximos meses toda vez que por ahora los gobernadores no lograron neutralizar el impacto de Ganancias con la distribución de otros tributos por ejemplo el impuesto PAIS. De hecho, el martes último y tras reunirse con el ministro del Interior, Guillermo Francos, los gobernadores salieron a difundir que el Gobierno había accedido a coparticipar el 30% de ese impuesto.
Sin embargo, ya bien entrada la noche fue el propio Gobierno el que, mediante un comunicado, aseguró que no estaba en los planes esa medida. Ya en la mañana del martes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó la postura oficial. “Fueron versiones que por alguna misteriosa razón llegaron a los medios. Reviste de total falsedad. Jamás se puso en discusión la coparticipación del impuesto PAIS”. El capítulo fiscal se debatirá más adelante, dijo Adorni.
Descartada esa posibilidad, las provincias deberán resignarse a gestionar con esos recursos, al menos por ahora. En ese marco, el gobernador Martín Llaryora contradijo al portavoz presidencial. “Adorni les mintió a todos los argentinos y desinformó sobre lo que fue un tema central en una discusión en la que él no estuvo presente”, indicó Llaryora.
También recalcó que hay casi 80 testigos de que la coparticipación del Impuesto PAIS fue abordada en la reunión. “Cómo no va a ser central si se trata de un impuesto que hoy se coparticipa y que necesita que lo vote el Congreso porque está vencido”, indicó Llaryora, quien además señaló las dificultades que suponen las discusiones con un Gobierno que niega los acuerdos y desconoce las conversaciones oficiales.
Aún así, Llaryora dijo que “consideramos que el Presidente debe contar con esa ley y que Argentina necesita salir de esta incertidumbre”. En esa línea, aseguró que su bloque de diputados se opondrá a la privatización del INTA, de YPF, del Banco Nación, de Arsat y de las empresas que operan en Córdoba, como Fadea, Fabricaciones Militares y los Servicios de Radio y Televisión de la UNC. No obstante, acompañarán en general.
Caída general
Respecto a los números de los giros nacionales a las provincias, la baja al 29 de enero alcanzaba al 12% a valores constantes, y superaba el 64% en el caso de los envíos discrecionales, según el IARAF.
Por su parte, un trabajo de la consultora Politkón Chaco precisó que las transferencias discrecionales sufrían una merma real de 64,2%. En lo que respecta a los giros por coparticipación, las jurisdicciones más afectadas en enero fueron Buenos Aires (-14,6%), Salta (-12,4%) y Misiones (-12,2%). En el caso de Mendoza la reducción es de 11,7% y de Río Negro 11,5%, apenas por debajo de Córdoba, con una baja del 11,1%. Por otro lado, las jurisdicciones con menor fueron CABA (-9,7%), La Pampa (-10,9%) y San Luis (-11%).
Con este cuadro de situación Córdoba cede recursos por un estimado de 21.122 millones de pesos, mientras que Mendoza pierde 10.421 millones y Río Negro 6.177 millones de pesos.
Las caídas se traducirán en un ajuste obligado para las provincias porque son consecuencia de la caída del nivel de actividad que se verifica en la recaudación de impuestos nacional, que además se replica en el pago de tributos locales.
Históricamente, estos “faltantes” se cubrían con ayudas del Gobierno central, que justamente son las que Javier Milei está dispuesto a cortar para obligar a las provincias a poner sus números en caja.
Estos auxilios se enmascaran en lo que se denomina transferencias discrecionales y necesitan de una firma especial del Ministro de Economía de turno con obvio aval del presidente.
Hasta el 28 de enero, los giros discrecionales habían sido de 49.431 millones de pesos, que en términos nominales representan un aumento de 31,3%, pero que ajustados por inflación significan una contracción de 64,2%.
En este sentido, las dos jurisdicciones más castigadas fueron la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. A la Capital Federal Milei le envió 3.551 millones de pesos, que con el impacto de la inflación significa una disminución de 78,2%.
Un panorama similar sucede con la provincia gobernada por Axel Kicillof, a la que se le enviaron fondos por 14.725 millones de pesos, que equivale a una contracción de 78,1%, similar a la de Ciudad.
A Córdoba, se le habilitaron en forma discrecional 2.881 millones de pesos, que descontando la inflación significa una disminución de 43,4%. El mayor flujo de estas transferencias discrecionales fue otorgado a través de los convenios para financiar el Fondo Docente.
¿Plan B?
Con un panorama sombrío en materia de ingresos, el gobernador Llaryora deberá revisar la política de gastos y eventualmente ajustar en diferentes áreas para poder transitar sin contratiempos los meses por delante.
Por lo pronto, ya renegoció la paritaria con los estatales atada a la recaudación y no a la inflación como había acordado el ex gobernador Juan Schiaretti con los gremios en 2023. El acuerdo que rige para el primer trimestre fue aceptado por el SEP y otros gremios. Sin embargo, la UEPC lo rechazó de plano y será un escollo duro de superar.
Otra erogación que podría sufrir podas es la destinada al plan de obra pública. Aunque el gobernador insistió en que el programa en marcha se sostendrá como política contracíclica, la escasez de fondos y la fortísima suba del costo de los insumos obligará al mandatario a priorizar determinadas obras, particularmente aquellas que cuentan con financiamiento externo ya acordado oportunamente.
