El gobierno de Javier Milei sigue acumulando desatinos en el escándalo por la retención de alimentos y las irregularidades en Capital Humano, mientras la Justicia comienza a avanzar en la investigación. Por un lado, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, salió a cuestionar ayer la intervención del juez Sebastián Casanello en el caso, al aseverar que “los jueces penales se dedican a analizar si existió un delito y no se involucran en otros aspectos distintos”.
Sin embargo, apenas unas horas después, la Cámara Federal porteña confirmó la medida cautelar dictada por el juez ordenándole al Gobierno la distribución inmediata de los alimentos almacenados para comedores populares y merenderos, en otro revés a la posición oficial.
El tribunal señaló que en el expediente “se intenta establecer si los funcionarios públicos incurrieron en hechos delictivos al haber suspendido la entrega de alimentos a los comedores comunitarios”, por lo que respaldó la posición de Casanello, que había dado un plazo de 72 horas para elaborar un plan de distribución de los alimentos, algo que el Gobierno nunca cumplió.
De hecho, Capital Humano se negó a dar precisiones ayer sobre el operativo de distribución de los miles de kilos de leche en polvo que están cerca de vencer a través de la cuestionada Fundación Conin, ante versiones de que los camiones del Ejército Argentino que el martes salieron con los productos cargaban una mínima fracción del alimento disponible.
“No se van a blanquear por una cuestión de seguridad”, argumentaron los funcionarios de Capital Humano. Ante esta respuesta, la titular de la Defensoría Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, exigió a la ministra Sandra Pettovello que brinde explicaciones del plan de distribución y las razones para elegir a la Fundación Conin para que se encargue de la distribución.
A la vez, advirtió sobre “la diferencia en la cantidad de kilos” de productos que surgió en medio del escándalo. “No sé por qué se eligió Conin, habiendo ya un registro de comedores (…) y siendo que Conin existe hace muchísimos años y tiene muchas críticas”, argumentó Graham. La oposición en la Cámara de Diputados también convocó a Pettovello para la semana próxima a dar explicaciones por los múltiples escándalos.
Al mismo tiempo, el fiscal federal Ramiro González abrió una causa penal para investigar la contratación de personal en la cartera a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y citó a declarar al titular del organismo, Luis Scasso, y al subsecretario de Niñez y Adolescencia, Alejandro Schiavi. Se trata de la denuncia que el propio ministerio presentó contra el ex funcionario de esa cartera Pablo De la Torre por presuntas irregularidades en las contrataciones y el uso de dólares para pagar sueldos. La subsecretaria de Legales de Capital Humano, Leila Gianni, ratificó el martes las irregularidades e incluso admitió que la confesión del director de Administración de la cartera, Federico Fernández, fue obtenida “bajo presión” –vale recordar que en su entorno denunciaron que el funcionario fue amenazado por los custodios de Pettovello para que involucre a Torres en las irregularidades-.
“Los consultores cobraban en pesos, los sacaban de la cuenta y los cambiaban a dólares a fin de reducir el volumen de billetes a entregar. Este dinero se lo entregaban a algunos funcionarios que cambiaban el dinero en dólares y luego lo distribuían, una parte se la entregaban a De La Torre”, admitió Gianni ante el fiscal González.
