El juez federal Sebastián Casanello se declaró ayer competente en la causa en la que se pide la “inconstitucionalidad” del protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad e instó a su titular, Patricia Bullrich, a que presente “en las próximas 72 horas” un informe que detalle los “fundamentos jurídicos” de su aplicación y “si fueron consultadas” la Secretaría de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales para su elaboración.
Además, el juez solicitó que informe si desde la puesta en vigencia del protocolo “se recibieron denuncias en orden a excesos en el ejercicio de las funciones de las fuerzas policiales y de seguridad federales en cumplimiento de tales lineamientos, haciendo saber qué medidas llevó a cabo en consecuencia”. Por otro lado, profesionales del Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación presentaron una denuncia penal contra la Policía Federal Argentina (PFA) por los delitos de “vejaciones” y “lesiones graves” cometidos durante la represión de la protesta en los alrededores del Congreso de la Nación contra la Ley “Bases”.
Por su parte, el Gobierno presentó un pedido de cautelar ante la Justicia para que se embarguen los bienes de los manifestantes que causaron destrozos durante esas manifestaciones. “De acuerdo a las normas procesales que rigen el cobro de las costas del proceso, solicitamos que -una vez identificadas a las personas y las organizaciones responsables de los disturbios y los daños ocasionados- se ordene en forma inmediata el embargo o la inhibición general de bienes de los imputados, a fin de cubrir la totalidad de los gastos informados”, señala el texto.
