La Legislatura unicameral de Córdoba aprobó anoche la nueva ley de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana que, entre sus principales puntos, crea guardias locales de prevención y convivencia, un instituto de formación de políticas de seguridad, implementación de armas no letales, y la articulación la seguridad privada.
El proyecto promovido por el Gobierno provincial se aprobó por mayoría, y su tratamiento se extendió hasta pasada la medianoche cuando el oficialismo pudo destrabar la falta de quórum, debido a que los legisladores adherentes al gobernador Martín Llaryora pretendían tratar, en la misma sesión y sobre tablas, una iniciativa para aumentar los aportes jubilatorios y a la obra social estatal.
El oficialismo resolvió no tratar ese proyecto y de esa manera se pudo debatir y aprobar la nueva ley de seguridad.
El gobernador Llaryora, cuando envío el proyecto había afirmado que se apuntaba a un sistema de seguridad con «perspectiva federal, haciendo más ágil la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico».
La nueva ley, entre otros aspectos, contempla la creación de Guardias Locales de Prevención y Convivencia, previendo la incorporación de Agentes Locales capacitados y certificados para el uso de armas no letales, como auxiliares de la Policía de Córdoba y en el marco de estrategias comunitarias de aproximación a los vecinos.
El incremento del 100% de las Fiscalías Antinarcóticos, incorporando seis más en las localidades de Villa Dolores, Marcos Juárez, Bell Ville, Carlos Paz, Cruz del Eje y ciudad de Córdoba, además de la creación de 12 Fiscalías Criminales de distrito en la ciudad de Córdoba, profundizando el plan de territorialidad del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Asimismo, da participación a las empresas privadas de seguridad al sistema, permitiendo que su personal pueda usar armas no letales, previa capacitación y certificación, en la prestación de servicios al sector público, a las empresas y las organizaciones de la sociedad civil.
Crea un Instituto que asiste en la planificación de las políticas de seguridad que elabora, controla y evalúa la implementación de los programas de formación o capacitación de las fuerzas de seguridad local, guardias y empresas prestadoras de servicios de seguridad, integrándolo al Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (Copec), creado en 2008.
En otro de los puntos habilita a las municipalidades y comunas para que pueden adherir a la presente Ley y, sobre esa base, constituir sus respectivas Guardias Locales de Prevención y Convivencia.
El proyecto incluye un plan de desarme en la población, el cual establece el pago por cada arma que los vecinos entreguen.
La propuesta oficial también implementa el ‘narcotest’ obligatorio a quienes desempeñen en funciones de gobernador, vicegobernador, legisladores y tribunos de cuentas, ministros, secretarios, directores y subdirectores, asesores y toda persona que, por disposición legal o reglamentaria, ejerza funciones de jerarquía equivalente a la de los cargos mencionados.
En todos los casos deberán acreditar certificado negativo expedido por institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales, conocido como Narcotest.
El senador nacional Luis Juez (Juntos por el Cambio), ayer mediante las redes sociales, había cuestionado el proyecto de seguridad al sostener que el gobernador Llaryora pretende «privatizar la seguridad en la provincia de Córdoba. Es inaudito e inadmisible que toleraremos una decisión semejante».
«La seguridad es una potestad indelegable e ineludible del estado y no debe ser transferida a sectores privados a través de un negocio millonario armado con cooperativas y empresas de seguridad», había manifestado Juez al dejar en claro su oposición a la participación de la seguridad privada en el control de la seguridad pública.
El Gobierno de Córdoba «tiene el deber y la obligación de velar por la seguridad de cada uno de los cordobeses, formando e instruyendo a los efectivos de la fuerza, pagándoles buenos salarios para tener una carrera policial acorde a las necesidades de la gente», había aseverado el senador nacional cordobés.
