El Gobierno nacional anunció este jueves que llegó a un acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda récord de aproximadamente USD 45.000 millones que tomó la administración del ex presidente Mauricio Macri.
El entendimiento, cerrado por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, será elevado este jueves al Congreso e incluirá como anexos la totalidad de los documentos que conforman el acuerdo, esto es, el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico, precisó en un comunicado el Palacio de Hacienda.
La iniciativa -que lleva como título “Acuerdo para el Refinanciamiento de la Deuda entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional”, ingresará al Congreso de la Nación en los términos de la ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública -impulsada por el Gobierno Nacional- que establece que, entre otras, todo programa realizado con el organismo multilateral requerirá de una Ley del Parlamento que lo apruebe expresamente.
Este nuevo programa viene a reemplazar “el fallido programa Stand By acordado en 2018, por un nuevo programa de Facilidades Extendidas”, agregó el comunicado.
Minutos después del anuncio realizado por el Gobierno, el FMI también salió a confirmar el entendimiento, al que calificó de “pragmático y realista”.
El Palacio de Hacienda sostuvo que “el nuevo programa busca seguir generando condiciones de estabilidad necesarias para abordar los desafíos estructurales existentes y fortalecer las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo”.
“El acuerdo alcanzado se basa en lo que se conoce como Servicio Ampliado del FMI (Acuerdo de Facilidades Extendidas; EFF, por sus siglas en inglés) que incluye 10 revisiones que se realizarán de manera trimestral durante dos años y medio. El primer desembolso se realizará luego de la aprobación del programa por parte del directorio del FMI. El resto de los desembolsos se hará luego de completarse cada revisión. El período de repago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034”, detalló la cartera que conduce Martín Guzmán.
Aseguró que el acuerdo alcanzado, logrado tras más de un año y medio de negociaciones, contempla “la importancia de alcanzar un programa acorde a las necesidades y desafíos de la Argentina y que no implique una inhibición en la recuperación económica”.
“En este sentido, hay coincidencia en que la inflación es un fenómeno multicausal -siendo uno de los principales desafíos de la política macroeconómica- que debe ser abordado desde un enfoque integral. La condición necesaria para consolidar la desinflación es mantener un proceso de acumulación de reservas que le otorgará al Estado mayor autonomía en la ejecución de políticas públicas”, señalaron.
A lo que agregaron que “el programa refuerza el compromiso de estabilidad cambiaria, descartando movimientos bruscos y estableciendo que la administración cambiaria buscará asegurar la compatibilidad a mediano plazo del tipo de cambio real con el objetivo de acumulación de reservas”.
“Al mismo tiempo, se avanzará en una consolidación fiscal progresiva que reduzca el déficit fiscal, en el marco de la recuperación de la actividad económica y una reducción gradual del financiamiento monetario del mismo, así como también de un marco de implementación de la política monetaria que redunde en tasas de interés reales positivas para fortalecer la demanda de activos en pesos. También este proceso será acompañado por políticas de precios e ingresos que contribuirán a anclar expectativas en pos de una desinflación gradual junto a una continuidad de la recuperación de los ingresos reales”, recalcaron desde el Palacio de Hacienda.
También remarcaron que “el acuerdo con el FMI no prevé ninguna reforma previsional. Por el contrario, se prevé continuar con la mejora de los haberes mediante la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida en la Ley 27.609”, añadieron y ratificaron la decisión de “lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad, conforme a los parámetros objetivos que correspondan en cada caso”, revisiones que “abarcarán tanto a usuarios residenciales como no residenciales”.
