Luego de anunciar que daba marcha atrás con el pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández en el marco de la controversia por los fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, el bloque de diputados nacionales de la UCR finalmente volvió sobre sus pasos y decidió presentar el proyecto por el que busca la destitución del jefe de Estado.
Cuando Fernández anunció que pagaría con bonos la presunta deuda de Nación con la Ciudad, en cumplimiento parcial con el fallo de la Corte Suprema, la bancada presidida por el cordobés Mario Negri decidió revertir su intención original de avanzar con el pedido de juicio político contra el presidente, pero tras el anuncio del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazando la modalidad de pago, el radicalismo decidió alinearse a la postura del PRO.
En ese marco, con la firma de todos sus diputados, la UCR presentó el proyecto de resolución pidiendo que la Cámara de Diputados se convierta en cámara acusadora en el jury de enjuiciamiento contra Fernández.
En un primer momento, el Gobierno nacional se había negado a acatar la cautelar de la Corte Suprema de Justicia que ordenó que se le devuelva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un 2,95% de la coparticipación, por considerar que el fallo era «incumplible», pero ante el escándalo Fernández revisó su decisión y anunció que acataría el fallo a través del pago con bonos de deuda pública.
El proyecto presentado por los diputados radicales insta en en su único artículo a «promover juicio político contra el Señor Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, por mal desempeño y eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional».
En los fundamentos, los 33 legisladores radicales sostienen que la decisión del Gobierno nacional de querer pagar con bonos de deuda pública el monto de coparticipación que la Corte Suprema ordenó transferir diariamente a CABA es «un ardid malicioso orientado a solapar la desobediencia al fallo de la Corte convenida previamente entre el Presidente de la Nación y catorce gobernadores, ante la repercusión negativa que tuvo ese alzamiento contra la cabeza de uno de los poderes del Estado y la interposición de denuncias penales».
«Como legisladores debemos delimitar la responsabilidad política del funcionario que incumple con lo establecido en el texto fundamental y además lo hacemos en el convencimiento de que tales acciones conllevan indefectiblemente al deterioro institucional, con consecuencias económicas y sociales gravísimas», explican los diputados radicales en el texto.
