El Gobierno nacional expuso sus cartas sobre la mesa para poder terminar de cerrar un acuerdo con el FMI, al blanquear que el sendero fiscal es la diferencia “medular” entre las partes, y de que hay resistencia en el directorio, principalmente del mayor accionista, los Estados Unidos, en apoyar el planteo argentino. Mientras el Gobierno busca consolidar un frente local y a la vez intenta destrabar la negociación con la comunidad internacional para tener un acuerdo con el FMI antes de fin de marzo, la Argentina deberá pagar al organismo 1.655 millones de dólares entre fin de enero y principios de febrero, en concepto de intereses y los recargos por el préstamo anterior. Los recargos por créditos excepcionales del Fondo a países en crisis siguen vigentes, y por lo tanto no fueron eliminados de la lista de pasivos de 2022 para la Argentina.
Pese a las recomendaciones del G20 de revisarlos en el contexto de la pandemia, en el FMI se mostraron diferencias que impidieron alcanzar un acuerdo para eliminar la política de cargos, según el comunicado de la última reunión de directorio de diciembre.
En cuanto a la marcha del acuerdo, “la diferencia entre lo que plantea el FMI y lo que propone el Gobierno argentino es entre un programa que con alta probabilidad detendría la recuperación económica que estamos viviendo, que es esencialmente un programa de ajuste versus un programa que le dé continuidad a esta recuperación fuerte de la Argentina”, dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, días atrás durante su exposición ante los gobernadores en el Museo del Bicentenario.
En la presentación reveló que el Gobierno espera alcanzar el déficit cero hacia fines de 2027, y en el FMI querrían que se alcance antes dicha meta. Por otro lado, según el Presupuesto 2022 presentado al Congreso, el primer período del acuerdo terminaría con un déficit fiscal proyectado de 3,3% del PBI.
Según trascendió, la diferencia en el sendero fiscal entre lo que pide el FMI y lo que está dispuesta a otorgar la Argentina en 2022 sería de apenas 0,5 puntos porcentuales en el déficit fiscal. No obstante, para 2023 el FMI procura que la Argentina haga una reducción mucho mayor del déficit. Eso es calificado de “ajuste” por el lado argentino y de ahí a la negación oficial a ceder.
“La palabra ajuste está desterrada de la discusión con el FMI”, señaló el presidente Alberto Fernández durante su alocución en el Museo del Bicentenario. En tanto, Guzmán también expuso ante los gobernadores el hipotético cronograma de vencimientos de la deuda con el FMI, en el caso de alcanzarse un Acuerdo de Facilidades Extendidas, a 10 años de plazo.
Allí mostró cómo se aliviaría la carga de deuda con el Fondo de manera sustancial en los próximos dos años, para dar tiempo a la recuperación y a la acumulación de reservas. Pero también esos números reflejan la pesada carga del préstamo contraído por Mauricio Macri con el FMI y que se mantendrá en el tiempo, ya que igualmente impactaría fuerte en 2028 y 2029, cuando se abonen más de 20.000 millones de dólares por período.
La presentación, asimismo, dejó en evidencia el impacto del crédito tomado en 2018 en la economía del país, y para Guzmán ese es el “principal condicionamiento y tensión para poder continuar en la senda de la recuperación”. “Toda deuda condiciona, pero no hay nada que condicione más que la deuda con el FMI”, agregó.
En cuanto al resto de las metas, Guzmán reveló que hay “un punto de entendimiento” en alcanzar una acumulación de reservas, donde se espera sumar entre 3.000 a 4.000 millones de dólares el año próximo.
Durante las próximas semanas, se espera que continúen las negociaciones en el plano geopolítico. “No está el apoyo pleno de la comunidad internacional. Cada gobierno decidirá cuándo expresarse”, dijo Guzmán a la prensa, apenas un par de días antes de la presentación en el Museo del Bicentenario.
