El peronista Martín Gill anunció que presentó su renuncia al cargo de ministro de Cooperativas y Mutuales de la Provincia. El también ex intendente de Villa María adoptó esa decisión casi una semana después de que la jueza de Control de esa misma ciudad, María Soledad Dottori, confirmara lo actuado por la fiscal Juliana Companys en la causa por violencia de género que se instancia contra su persona.
En un hilo en X, Gill oficializó su salida del gobierno de Martín Llaryora, horas después de una reunión con su abogado defensor, Eduardo Rodríguez, en el que ambos habían estudiado los pasos a seguir. “Lo hago con la firme convicción de ejercer la garantía constitucional de defensa como cualquier ciudadano, sin ampararme en ningún tipo de fuero, prerrogativa o privilegio especial, con el convencimiento que en dicho proceso podré demostrar mi plena y absoluta inocencia”, dijo Gill, en la mencionada red social, sobre su salida.
La otra novedad es que la defensa de Gill decidió apelar la resolución de la jueza Dottori, lo que obligará ahora a la Cámara de Río Tercero a tratar el recurso (podría avalar lo actuado por la jueza o voltear su resolución). Hasta tanto no se defina, no habrá juicio.
Como sea, el derrotero que ahora le espera a Gill en la causa será lejos del Ejecutivo, lo que descomprime la presión que representaba para el Panal la situación de un ministro involucrado en un caso de violencia de género. Desde la Provincia dijeron que “no hay apuro para definir” al sucesor. Mientras, la cartera de Cooperativas seguirá funcionando “subrogada” por el ministerio de Vinculación.
La renuncia de Gill, además, desactivó un escenario complejo para el gobierno provincial, que podría haber derivado en un juicio político en la Legislatura Unicameral, por eso el ex ministro aclaró que no quería ampararse en “ningún tipo de fuero”.
¿Por qué lo dijo? Días atrás, la decisión de la jueza Dottori había dejado la causa al borde del juicio. En su resolución (de 104 páginas), la magistrada había rechazado un planteo de la defensa de Gill, que había cuestionado la actuación de la fiscal Companys en la instrucción.
Esa situación llevaba la causa a un escenario inédito porque Dottori tenía decidido enviar un auto (una resolución que no deciden sobre el fondo del asunto) a la Legislatura para pedir el desafuero de Gill. Situación que solo podía resolverse mediante un juicio político, reveló el diario La Voz del Interior.
Los fueros
En 2001, se llevó a cabo la reforma de la Constitución de la Provincia de Córdoba. Entre las varias modificaciones, se quitaron los privilegios a los legisladores (la inmunidad de arresto y la de proceso), algo que está expresamente mencionado en el texto. Y se mantuvo la protección para la libre opinión.
Pero la reforma no mencionó expresamente a los ministros (en su artículo 137), por lo que podría interpretarse que mantienen los fueros que tenían.
De esta manera, si los funcionarios del Ejecutivo mantienen inmunidades relacionadas con sus funciones específicas, estas solo pueden ser suspendidas mediante un juicio político (en caso de que existan causales para ello, como el proceso contra Gill), escenario que contempla el artículo 112 de la misma Constitución.
Así lo entienden en la Justicia y por eso iban a avanzar con la solicitud del desafuero. El pedido estaba basado en lo que dice el Código Procesal Penal de Córdoba en su artículo 14.
Allí, la norma establece cómo debe proceder el sistema judicial cuando se quiere investigar a, por ejemplo, un ministro que tengan algún tipo de fuero: no se puede llevar al funcionario a juicio formalmente sin antes pedir que se levante su inmunidad.
Al día de hoy, la Legislatura de Córdoba no tiene constituidas las salas de juicio político, conforme lo establecido en los artículos 112 y 114 de la Constitución (debería haberse hecho en la primera sesión del año). Para ello, el pleno del cuerpo – al no ser una bicameral- debió haberse dividido en dos salas, la acusadora y la juzgadora, con 35 legisladores cada una.
Si finalmente llegaba el pedido de juicio político, la Unicameral debería haber puesto en marcha el procedimiento establecido por ley para conformar las salas, lo que le hubiera agregado más tiempo a la situación procesal del ministro. Desde la oposición temían que eso fuera aprovechado por el oficialismo para dilatar el juicio.
No solo era una cuestión de tiempos. También de resolución. ¿Qué hubiera pasado si la Legislatura rechazaba la solicitud? Según el Código Procesal, la causa debería cerrarse. Pero todas esas posibilidades quedaron abstractas ya que Gill renunció a su cargo, dejó de ser ministro y continuará el proceso como un ciudadano más.
Qué dice la acusación contra Gill
Si la causa es finalmente elevada a juicio, Martín Gill deberá responder por el delito de lesiones leves calificadas en perjuicio de Lourdes Astudillo.
La investigación comenzó en marzo del año pasado cuando Astudillo, que había sido pareja del entonces intendente de Villa María, se presentó ante la Justicia para denunciar hechos de violencia física y amenazas.
A los pocos días, se conoció la imputación cuando Gill se presentó en la Unidad Judicial para devolver elementos que la mujer había dejado en la casa que compartían.
La elevación a juicio fue solicitada en marzo de este año por la fiscal Companys. La defensa de Gill, ejercida por el abogado Eduardo Rodríguez, pidió por escrito la nulidad de lo requerido por la fiscal. El pasado viernes, la jueza de Control rechazó el planteo de la defensa y avaló la investigación de Companys.
“En virtud de todo lo expuesto, encuentro que las pruebas reunidas en el curso de esta instrucción tienen aptitud lógica y valor convictivo suficiente para arribar al estado intelectual de probabilidad que se exige en esta instancia para sustentar la acusación del imputado Martín Rodrigo Gill en juicio oral, habiéndose asegurado las garantías del debido proceso y defensa en juicio durante la investigación penal preparatoria”, dijo Dottori en su fallo.
Después de ser respaldado por el gobernador Martín Llaryora durante meses, el 14 de septiembre último la Provincia informó el pedido de licencia de Gill.
Desde el pedido inicial de elevación a juicio fue creciente la presión de la oposición política para que Gill renuncie al Ministerio que encabezaba. El oficialismo resistió las embestidas opositoras, pese a que varias voces dentro de Hacemos Unidos también consideraban que el ministro debía alejarse del cargo.
