El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba, Sebastián López Peña, criticó al Ejecutivo provincial por la modificación de la ley de equiparación salarial aprobada a fines del año pasado. En la práctica, la normativa difiere los retroactivos que da la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), para el año próximo.
En el acto de inicio del año judicial, realizado el viernes pasado en el salón de los Pasos Perdidos de Tribunales I, también estuvieron presentes el juez de la CSJN Horacio Rosatti y el Intendente Martín Llaryora.
“Nos sorprendió que, en diciembre pasado y de manera intempestiva, fuera indirectamente modificada la ley de equiparación salarial de los magistrados y personal del poder judicial”, dijo López Peña en su discurso de inauguración. “Se realizó de manera inconsulta, comunicándola escasas horas antes de su presentación en la Legislatura de nuestra provincia”, agregó.
El Presidente del TSJ sostuvo que el proyecto fue “sorpresivo, intempestivo e inopinado”
El argumento de la gestión del gobernador Juan Schiaretti había sido, en ese entonces, que los incrementos del Poder Judicial local excedían los percibidos por el resto del sector público provincial. Asimismo, López Peña recordó que la gestión del Gobernador sostuvo que las sumas retroactivas abonadas al Poder Judicial sumaban “imprevisión sobre las finanzas públicas”.
Al respecto, el titular del TSJ consideró “erróneas” esas apreciaciones y afirmó que “desde que se alcanzó el régimen de equiparación al 90% establecido por ley, hace ya siete años, no hubo diferencia alguna entre los porcentuales de aumento al poder judicial y los porcentuales de aumento al sector público, a pesar de alguna errónea información que cada tanto se circulariza”.
En tanto, con respecto a los retroactivos, López Peña aseguró que fueron “responsable y consentidamente percibidos por este poder judicial de una manera que no generaran zozobra en las finanzas públicas”.
Para terminar la idea, el Presidente del TSJ consideró que una de las garantías de la independencia judicial es la “intangibilidad de los sueldos judiciales”. “Hubiésemos preferido un diálogo franco, una discusión previa, y no un proyecto sorpresivo, intempestivo, inopinado, amordazando las razones que teníamos por esgrimir”, concluyó.
