El gobierno nacional sumó ayer un nuevo frente de conflicto luego de que la Cámara de Diputados aprobara, con un respaldo transversal a la mayoría de la oposición, una nueva fórmula de movilidad jubilatoria alternativa a la que el Gobierno estableció a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en abril pasado. El presidente Javier Milei, sin embargo, salió a ratificar que vetará la iniciativa en caso de que reciba la sanción definitiva en el
Senado y señaló que “me importa tres carajos” el respaldo legislativo que tuvo.
Ocurre que la iniciativa acordada por Unión por la Patria (UxP), la UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica cosechó un total de 160 votos positivos en la madrugada de ayer, contra 72 rechazos y ocho abstenciones. Vale decir, tuvo un respaldo horizontal en todas las bancadas excepto el PRO y La Libertad Avanza (LLA), lo que prácticamente garantiza su aprobación en la Cámara Alta.
Los cambios previsionales aprobados reconocen un aumento retroactivo del 7,2% en los haberes jubilatorios y el pago de las sentencias firmes en un plazo de seis meses. Lo hace al agregar un aumento de 8,1 puntos en abril, que debió aplicarse para empardar la inflación de enero del 20,6% -el Gobierno sólo reconoció una suba del 12,5% entonces-. Sobre esos haberes incrementados, deberían agregarse los aumentos posteriores (11,01%, mayo y 8,83% junio). También, establece que quienes reciben un solo beneficio (jubilación o pensión) tendrán una “garantía de un haber mínimo” equivalente al costo de la Canasta Básica Total del adulto (CBT) incrementado en un 9%. Ese CBT de abril fue de $ 268.012, más un 9% daría un ingreso mínimo para los jubilados de $292.133.
Sin embargo, la reacción del Presidente fue funesta. “Cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, les voy a vetar todo. Me importa tres carajos”, bramó en el cierre del Latam Economic Forum, donde se jactó de haber “echado a 25.000 empleados estatales” y anticipó que “voy despedir a 50.000 más”. “Este Gobierno tiene el mandato de rescatar al país de la miseria a la que ha sido relegado como consecuencia de la irresponsabilidad fiscal de aquellos que, paradójicamente, proclaman defender a los jubilados mientras sostienen jubilaciones de privilegio multimillonarias”, afirmó por la tarde la Oficina Presidencial, que lamentó que “diputados bien intencionados participaran de la trampa legislativa de Máximo Kirchner” y anunció que Milei renunciará a su jubilación de privilegio.
El problema es que el reglamento del Congreso establece que si una ley es vetada en forma parcial o total, el proyecto vuelve al Poder Legislativo, que puede aceptar el veto o insistir en la sanción de la norma. Si ambas cámaras reúnen los dos tercios de los votos para imponer su criterio inicial, la Ley se promulga, aunque el Presidente no esté de acuerdo. Si en tal escenario se mantiene el apoyo de 160 votos en la Cámara Baja y la oposición se une en el Senado, el veto presidencial quedaría invalidado. Para colmo, la media sanción de la norma parece ser la primera movida de una forma de acción colectiva de la oposición que podría extenderse a otras áreas críticas, como la atención a la discapacidad: diputados de distintos bloques firmaron ayer el dictamen de un proyecto que propone un sistema de prestaciones básicas de atención integral para personas discapacitadas.
Caputo reclamó respaldo a los empresarios
El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró ayer que “lo peor” del ajuste “ya pasó”, cuestionó a la oposición por entender la política “como un negocio” y prometió a los empresarios que el Gobierno “no los va a defraudar”. “Nosotros no los vamos a desilusionar. Y si el país empieza a crecer vamos a bajar impuestos. Estamos cerquísima de eso y por eso creo que se intensificó el nivel de agresión contra el Gobierno”, subrayó Caputo en la apertura del Latam Economic Forum, donde aseguró que “nos sentimos motivados por los resultados (…): vemos que lo peor ya pasó y estamos en franca recuperación, cuya velocidad depende de dos factores, la aprobación de la Ley Bases y convencer a los ciudadanos de que el cambio depende más de ellos. Está muy instalado de que ese cambio debe venir del sector público y no es así”. De esta manera, enfatizó que las decisiones individuales a nivel empresas “hacen la diferencia: eso va a hacer que la recuperación sea lo más rápida posible”.
