A la par de los controles habituales y las tareas de limpieza de baldíos y basurales, la Municipalidad de Córdoba profundizó su política contra el arrojo ilegal de residuos y comenzó a denunciar penalmente a quienes sean registrados ensuciando espacios públicos o privados.
La medida se apoya en el uso de cámaras de seguridad instaladas en distintos puntos de la ciudad, monitoreadas desde el Centro de Monitoreo Urbano, dependiente de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas. El sistema funciona en coordinación permanente con el Centro de Comunicaciones y Videovigilancia Ciudadana de la Policía de Córdoba, en el marco de un convenio con el Ministerio de Seguridad provincial.
Cuando los operadores detectan estas conductas, se da aviso a la Policía y a los equipos de Promotores de Convivencia, quienes labran las actas administrativas correspondientes. Las sanciones pueden incluir multas de alto impacto económico y hasta la inhabilitación del carnet de conducir. Además, el material fílmico es utilizado como prueba para el inicio de acciones legales.
Desde junio de 2024, el municipio también comenzó a denunciar penalmente a los propietarios de baldíos privados donde se generan basurales, por falta de mantenimiento. En estos casos interviene la Unidad de Riesgo Sanitario, que puede disponer el allanamiento y la limpieza de los predios que representen un riesgo para la salud pública y el ambiente, con costos a cargo del titular del inmueble.
Ampliación de la denuncia
La problemática se repite a diario y en distintos puntos de la ciudad: vecinos que arrojan residuos de manera desaprensiva, degradando el espacio público y favoreciendo la proliferación de enfermedades. Ante este escenario, la Municipalidad decidió ampliar las denuncias penales también a las personas que sean filmadas tirando basura en lugares no habitados.
Las presentaciones ante el Ministerio Público Fiscal solicitan la investigación penal de los responsables, ya sean titulares, conductores o acompañantes de vehículos debidamente identificados. Del mismo modo, se requirieron acciones contra propietarios, poseedores, tenedores u ocupantes de inmuebles donde se generen basurales, incluyendo allanamientos, el cerramiento de predios, la remediación de los daños ocasionados y el recupero de los costos operativos derivados de los procedimientos de limpieza.
Desde el municipio remarcaron que el objetivo es desalentar estas prácticas, proteger la salud pública y preservar el ambiente urbano, reforzando el control y las sanciones frente a una problemática social que persiste en Córdoba.









