La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) emitió ayer un duro informe sobre la administración de Javier Milei, donde advirtió sobre el fuerte retroceso en los derechos humanos en Argentina durante 2024. “12 meses de gobierno, 12 derechos perdidos” se titula el apartado del informe que profundiza en el caso argentino y la gestión libertaria.
“El deterioro de los derechos no es una metáfora: durante 2024 vimos en Argentina como se revirtieron conquistas fundamentales en materia de justicia social, libertades civiles y garantía individuales”, señaló la directora ejecutiva de AI, Mariela Belski, que calificó el proceso como “efecto Trump”.
Las 12 áreas que registraron un retroceso según la organización internacional son libertad de expresión; libertad de reunión y asociación; cibervigilancia (amenazas a la privacidad, legalidad, igualdad y libertad de expresión); transparencia y acceso a la información pública; pobreza; jubilados; derecho a las mujeres a tener una vida sin violencia; derechos sexuales y no reproductivos; diversidad; Educación Sexual Integral; negociacionismo del cambio climático y pueblos originarios.
Entre otros puntos, en el informe se destacan la “persecución y confrontación violenta frente al disenso”; los “ataques a la libertad de expresión y al acceso a la información, donde prima la discrecionalidad y la opacidad”; “la represión del derecho a la protesta pacífica como política de Estado y el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones sociales, amparado por el llamado ’Protocolo Anti-Piquetes’”. Además, a la hora de mencionar los 12 derechos vulnerados, AI denunció un “achicamiento del espacio cívico y la reducción de la participación ciudadana en la vida pública”, algo que fue de la mano con “el aumento de la represión y la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad contra quienes ejercieron su legítimo derecho a manifestarse pacíficamente para expresar su descontento ante las autoridades”.
Vale recordar que, en un documento previo, el organismo ya había cuestionado el protocolo antipiquetes de la ministra Patricia Bullrich porque “aumentó la represión contra quienes ejercen su legítimo derecho a manifestarse pacíficamente. Esto derivó en más de 1100 heridos, detenciones arbitrarias y ataques a periodistas”, precisó.
Por otro lado, el capítulo sobre la cibervigilancia advirtió que “el Estado es un gran recolector de información y datos a través de sus diferentes agencias (Anses, Afip, Renaper) que uno no puede negarse a dar. Pero patrullar las redes socio-digitales y todas las aplicaciones es un objetivo tan amplio e inabarcable que supone controlar un sinfín de posibilidades en cada uno de los teléfonos móviles, computadoras, smartTVs y consolas de los más de 46.000.000 de argentinos”.
“Lo que vemos en Argentina no es un hecho aislado: es parte de una tendencia global que busca silenciar voces críticas, desmantelar políticas de protección y reprimir la expresión pacífica. En nuestro país, este retroceso se ha dado de manera acelerada y deliberada”, completó ayer Belski.
