La Justicia federal profundiza la investigación sobre posibles maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, con foco en la provisión de medicamentos y en presuntos pagos ilegales que habrían afectado directamente a los beneficiarios de las políticas públicas del área.
El fiscal federal Franco Picardi, con la causa delegada por el juez Sebastián Casanello, delimitó en un dictamen la plataforma fáctica del caso tras el levantamiento del secreto de sumario. Según explicó, por ahora “se circunscribe a la investigación de posibles maniobras de corrupción pública desplegadas en el seno de la ANDIS desde diciembre del 2023 a agosto del 2025”.
La fiscalía sostiene que estas maniobras “habrían ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado Nacional y, en particular, a los destinatarios de las políticas públicas de discapacidad”. El objetivo de la pesquisa, añadió Picardi, es establecer “la determinación de sus características, el conocimiento respecto de su entramado y la identificación de sus responsables”.
El rol de las droguerías en la investigación
Entre los elementos bajo análisis se encuentra el rol de la droguería Suizo Argentina y de otras proveedoras del organismo. El fiscal indica que parte del esquema “estaría dado por el rol que le cupo” a estas empresas “en la recaudación o erogación de pagos indebidos, destinados a funcionarios/as públicos/as del Gobierno Nacional”.
“Ello, a partir de la participación en procesos de compra y/o adquisiciones realizadas por ANDIS de forma irregular, con el involucramiento intencionado de funcionarios/as públicos/as”, precisó en su dictamen.
La investigación se inició tras una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, luego de que se filtraran audios del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, donde mencionaba supuestos pagos de porcentajes por parte de droguerías, que terminarían en manos de funcionarios nacionales. En esas grabaciones, Spagnuolo nombró a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.
A esa evidencia se sumaron los dichos del ex asesor Fernando Cerimedo, quien declaró bajo juramento que Spagnuolo le había hecho las mismas referencias en conversaciones privadas. “Sus dichos no son prueba plena, pero al coincidir con grabaciones y documentación en análisis, se convierten en un elemento que robustece la hipótesis”, señalaron fuentes judiciales.
La situación de Spagnuolo
En paralelo, Spagnuolo solicitó defensa oficial, que le fue concedida con la designación de Hernán Silva. Al comienzo de la causa había contado con abogados particulares, pero estos renunciaron luego de que en un allanamiento se hallaran 80.000 dólares en una caja de seguridad vinculada al ex funcionario.
La fiscalía también detectó que, antes de un operativo judicial, Spagnuolo borró manualmente mensajes de su celular, aunque ahora se trabaja para intentar recuperar esa información. En el expediente circula además la versión de que el ex funcionario evalúa convertirse en imputado colaborador o arrepentido, lo que requeriría aportar datos que superen lo ya revelado en los audios.
Mientras tanto, la defensa de la familia Kovalivker, propietaria de la droguería Suizo Argentina, planteó la nulidad de la investigación alegando que las grabaciones que originaron la denuncia fueron obtenidas de manera ilegal. La definición sobre ese pedido está en manos del juez Casanello.
Con el secreto de sumario ya levantado, el expediente creció en volumen y gravedad: lo que comenzó como un caso de contrataciones irregulares ahora expone un entramado más amplio, con posibles sobornos, direccionamiento de fondos y complicidad de funcionarios nacionales.
