En el marco del litigio por la estatización de YPF, el Gobierno argentino presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en el que expresó su apoyo a una investigación por presuntas irregularidades en el ingreso del Grupo Eskenazi a la petrolera.
La presentación responde a la apelación de la ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG), que busca intervenir en la causa que enfrenta al país con fondos internacionales como Burford Capital y Eton Park, tras la sentencia que ordenó al Estado argentino pagar más de US$ 16.000 millones por la expropiación de la empresa en 2012.
El escrito oficial planteó que la apelación de RA4ARG sea tramitada por separado de la apelación principal del Gobierno argentino. Según argumentó, ambas acciones abordan cuestiones jurídicas distintas: mientras la Nación impugna el fondo del fallo de la jueza Loretta Preska, la ONG reclama por no haber sido admitida como parte interesada.
La posición más destacada del documento fue el reconocimiento explícito del Ejecutivo sobre las sospechas de corrupción ligadas al ingreso de los Eskenazi a YPF. “Argentina toma con seriedad todas las denuncias de corrupción”, se afirmó, y se reiteró la voluntad de colaborar con una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre este punto.
Además, el texto advierte que, “si se confirma que los Eskenazi ocultaron pruebas o brindaron testimonio falso, se evaluará iniciar acciones para anular la sentencia”.
Estas sospechas ya fueron objeto de análisis en causas judiciales locales como “Vialidad”, en la que fue condenada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La ONG RA4ARG cuenta ahora con 21 días para responder al escrito. En paralelo, la Cámara de Apelaciones deberá resolver si suspende la audiencia de apelación de fondo, prevista para octubre.
Nueva controversia: correos de funcionarios
En otro tramo del caso, la jueza Preska ordenó al país entregar chats y correos electrónicos de Luis Caputo, Sergio Massa y otros altos funcionarios actuales y anteriores. Ante esto, el Gobierno solicitó reconsiderar la medida, argumentando que no posee los dispositivos requeridos.
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