La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, resolvió este viernes otorgar la prisión domiciliaria a Alexia Abaigar, la funcionaria bonaerense detenida por su presunta participación en el ataque con materia fecal contra la vivienda del diputado libertario José Luis Espert.
La magistrada ordenó que Abaigar, quien al momento de su detención se desempeñaba como directora de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, cumpla el arresto bajo monitoreo electrónico. La defensa deberá informar en las próximas horas el domicilio donde permanecerá detenida.
El hecho ocurrió el pasado 19 de junio en la localidad de San Isidro, donde un grupo arrojó estiércol en la puerta de la casa de Espert y colgó un pasacalle con insultos dirigidos al legislador. Todo quedó registrado en cámaras de seguridad y derivó en una investigación que llevó a varias detenciones, entre ellas la de Abaigar y, recientemente, la de una funcionaria del municipio de Quilmes junto a otros tres implicados.
En paralelo, los consejeros de la Magistratura y legisladores de Unión por la Patria (UxP), Mariano Recalde y Vanesa Siley, anunciaron que presentarán una denuncia por mal desempeño contra Arroyo Salgado ante el Consejo de la Magistratura.
Según el escrito que impulsarán, acusan a la jueza de haber ordenado detenciones arbitrarias y la incomunicación de siete personas, cinco de las cuales aún permanecen privadas de su libertad. Desde el espacio peronista afirman que los hechos investigados “no superan la categoría de una infracción municipal” y que, sin embargo, la magistrada desplegó allanamientos y privaciones de la libertad sin fundamentos claros.
Los denunciantes sostienen que Arroyo Salgado actuó con parcialidad y en función de intereses políticos del Gobierno nacional, configurando, a su criterio, un caso de “persecución política” y un uso desproporcionado de figuras penales como asociación ilícita, amenazas coactivas y actos discriminatorios por razones políticas.
Recalde y Siley solicitaron que el Consejo de la Magistratura investigue el accionar de la jueza por violaciones a las garantías constitucionales y por el uso excesivo del poder judicial con fines de amedrentamiento y disciplinamiento social.
La causa, que comenzó como un hecho de vandalismo menor, escaló rápidamente y quedó en el centro de la agenda política y judicial, generando fuertes cuestionamientos por el enfoque que adoptó la investigación.
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