La Cámara Federal de Casación Penal ordenó reabrir la investigación por la represión a un jubilado de 75 años ocurrida el 22 de octubre de 2025 durante una protesta en la Ciudad de Buenos Aires. El fallo cuestiona el uso de la fuerza por parte de la Policía Federal y advierte sobre un deterioro en estándares democráticos.
La resolución fue firmada por los camaristas Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, quienes consideraron que la causa fue archivada sin cumplir con los requisitos mínimos de investigación. En disidencia votó Guillermo Yacobucci, que avaló el cierre previo.
El caso involucra a Egidio Contreras, quien fue reducido por efectivos policiales mientras participaba de una manifestación. Como consecuencia del operativo, sufrió una fractura de húmero izquierdo. Según consta en el expediente, el hombre portaba una bandera y una pancarta al momento de la intervención.
La denuncia había sido impulsada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), con el respaldo de referentes como Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos. Sin embargo, el fiscal Eduardo Taiano solicitó su desestimación por inexistencia de delito, lo que derivó en el archivo por parte de la jueza María Servini, decisión luego confirmada por la Cámara Federal.
La defensa, encabezada por la abogada María del Carmen Verdú, apeló ante Casación con el respaldo del fiscal Javier de Luca, quien sostuvo que no se verificaron los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.
En su voto, Slokar subrayó que el accionar policial debe ser analizado bajo estándares constitucionales e internacionales, especialmente al tratarse de un adulto mayor, considerado un grupo vulnerable. Además, advirtió que la falta de investigación puede implicar una violación a derechos fundamentales, como la libertad de expresión y de reunión.
El fallo también dispuso apartar a la Sala I de la Cámara Federal que había intervenido previamente, al considerar que su resolución carecía de fundamentos suficientes.
En paralelo, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron preocupación por el tratamiento de manifestaciones públicas en Argentina.
El expediente continuará su trámite con nuevas medidas de prueba para determinar responsabilidades en el operativo policial.
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