El incipiente acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos volvió a generar controversia en la Cámara de Diputados, donde representantes del sector industrial y exfuncionarios del kirchnerismo plantearon fuertes reparos sobre sus eventuales efectos en la economía nacional. El Gobierno, que anunció el entendimiento días atrás, aún no envió el texto al Congreso para su análisis.
El debate tuvo lugar en la comisión de Comercio, presidida por el diputado camporista Tomás Ledesma, quien reiteró su reclamo para que el Ejecutivo remita el convenio. Señaló que, por abordar cuestiones arancelarias y aduaneras, el acuerdo “requiere necesariamente la aprobación del Parlamento”. La reunión contó mayoritariamente con legisladores de Unión por la Patria, mientras que del oficialismo solo participó el diputado Santiago Pauli.
Durante la exposición, el titular de la Comisión de Política Industrial de ADIMRA, José Tamboronea, advirtió sobre el riesgo que implicaría otorgar acceso preferencial al mercado estadounidense para bienes sensibles. “Argentina y Estados Unidos no son economías complementarias; producimos lo mismo, pero con una escala diez veces menor y sin la infraestructura tecnológica y logística necesaria”, planteó. Entre los sectores que podrían verse comprometidos mencionó medicamentos, químicos, maquinaria, dispositivos médicos, productos de tecnología y automotores.
Otra de las voces críticas fue la del exsubsecretario de Asuntos Internacionales Martín Schapiro, quien cuestionó que el anuncio haya sido comunicado primero por la Casa Blanca y remarcó que, tal como está planteado, el acuerdo “difícilmente genere resultados virtuosos” para Argentina en el actual contexto geopolítico.
En la misma línea, la exfuncionaria de la Comisión de Energía Atómica Natalia Stankevicius sostuvo que el entendimiento “atenta contra la soberanía” al involucrar un sector, el nuclear, de carácter estratégico para el país.
Aunque el Gobierno insiste en que se trata de un marco de cooperación y apertura comercial beneficioso, las críticas en el Congreso anticipan un debate intenso y condiciones políticamente complejas si el Ejecutivo finalmente decide enviar el acuerdo para su aprobación legislativa.
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