El abogado Gregorio Dalbón solicitó formalmente este lunes la detención del ministro de Economía, Luis Caputo, y de los principales directivos del Banco Central de la República Argentina. La medida alcanza al presidente de la autoridad monetaria, Santiago Bausili, y al superintendente Juan Curutchet, en el marco de una ampliación de denuncia penal por presunta administración fraudulenta. El escrito fundamenta la petición en las pérdidas económicas derivadas de transacciones financieras ejecutadas con las reservas de oro del banco estatal durante el ejercicio contable 2025.
Los argumentos presentados ante la sede judicial
La presentación judicial atribuye los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita. La solicitud no constituye una orden de arresto inmediata, debido a que el dictado de medidas cautelares depende de la resolución del juez interviniente y del dictamen del Ministerio Público Fiscal.
El planteo acusatorio se apoya en el informe sobre los estados contables del BCRA al 31 de diciembre de 2025, aprobado por la Auditoría General de la Nación (AGN). La documentación oficial consigna que las operaciones de derivados financieros sobre el subalterno subyacente registraron un saldo negativo de $ 1.469.155 millones a valores de cierre. Ese monto representó un egreso efectivo de 1.023 millones de dólares en divisas.
El letrado enfatizó la necesidad de reconstruir la trazabilidad técnica de cada operación concretada por los funcionarios públicos con el oro del BCRA. «La investigación tiene que reconstruir el recorrido de cada operación: quién fue el intermediario, cuánto cobró de comisión, quién lo eligió y con qué criterios«, puntualizó Gregorio Dalbón al argumentar el escrito presentado ante los tribunales.
Desglose contable e hipótesis de riesgo procesal
Los datos que sustentan la denuncia señalan que la cifra global se compuso de $ 1.400.793 millones anotados como resultado desfavorable por opciones financieras y $ 68.362 millones asignados al pago de primas. En contraposición, la revaluación por cotización internacional de la tenencia física de metal precioso registró un saldo positivo de $ 8.002.500 millones durante el mismo período.
La presentación jurídica señala una eventual intervención del Ministerio de Economía en la definición estratégica de las reservas monetarias, que además viola la autonomía fijada por la Carta Orgánica de la entidad financiera. A su vez, el escrito remarca las responsabilidades de representación legal inherentes al cargo de Bausili y la función fiscalizadora asignada a Curutchet dentro del Directorio.
El pedido de coerción personal sostiene la existencia de un peligro latente de entorpetecimiento en la investigación del caso y la producción de pruebas. El denunciante remarcó que las actas, dictámenes técnicos e informes de riesgo permanecen bajo la custodia directa de los funcionarios investigados.
Como alternativa al arresto, la denuncia sugiere la prohibición de salida del país para los involucrados, la restricción de acceso a las sedes oficiales donde descansa la documentación sensible y la imposibilidad de contactar a potenciales testigos que integran la plantilla de empleados del organismo.
La posición institucional de la AGN y la réplica oficial
El titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, remarcó la gravedad del balance presentado por la entidad rectora del sistema financiero. Desde la creación del organismo auditor, la institución no había asentado un quebranto de semejante magnitud por operaciones financieras vinculadas al patrimonio áureo.
El informe técnico de la AGN detalla que la autoridad monetaria concretó operaciones especulando con la variación futura del precio del oro. No obstante, el dictamen general sobre los balances contables concluyó que los estados financieros reflejan una situación patrimonial razonable desde el punto de vista estrictamente técnico.
Frente a la difusión del documento, el Banco Central emitió un comunicado oficial rechazando de manera enfática las acusaciones formuladas. La entidad conducida por Bausili sostuvo que las maniobras respondieron a un programa integral de cobertura sobre la totalidad del patrimonio en oro, diseñado para prevenir una eventual depreciación del activo en los mercados mundiales.
Desde el BCRA enfatizaron que el resultado financiero total acumulado durante el período resultó favorable para las arcas del Estado. La combinación entre la cotización del metal y la ejecución de los instrumentos de cobertura arrojó un beneficio neto final de 2.505 millones de dólares.
Medidas de prueba requeridas a los organismos
El escrito solicita la citación a declaración indagatoria de los tres funcionarios imputados, una vez producidas las medidas de prueba de carácter pericial. A su vez, el letrado requirió la incorporación íntegra de los papeles de trabajo confeccionados por los auditores de la AGN.
En el plano administrativo, se exigió al Banco Central la entrega formal de los libros de actas del Directorio, las confirmaciones operativas, los dictámenes de comités internos de riesgo y los registros electrónicos de las comunicaciones intercambiadas con agentes financieros internacionales.
La presentación incluye una solicitud al Ministerio de Economía para que remita los informes técnicos, minutas de reuniones e instrucciones vinculadas con la administración de los activos estatales entre 2024 y 2026.
Finalmente, el denunciante propuso la realización de una pericia contable integral a cargo de peritos oficiales para determinar si la estrategia de cobertura generó un perjuicio patrimonial directo a la administración pública.
