Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio presentaron hoy una denuncia penal para sorteo ante la Cámara Criminal y Correccional Federal contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y otros funcionarios por la presunta omisión de publicación en la web de la Oficina Anticorrupción (OA), prevista en el Decreto 202/2017, en el marco de la contratación de Cancillería con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI).
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la constancia de presentación indica que la denuncia fue remitida el 16 de febrero de 2026 a las 13:55 al correo de sorteos de la Cámara, junto al escrito adjunto “DENUNCIA PUBLICACIÓN STURZENEGGER Y OTROS”.
En el escrito, los denunciantes —que pidieron ser identificados como integrantes de Reset Republicano, “una agrupación política del centro republicano comprometida con la lucha anticorrupción y la construcción de una alternativa política moderada”— solicitaron también que se investigue la conducta de María Josefina Rouillet, cónyuge del ministro y directiva de la entidad adjudicataria.
Denuncian penalmente a Sturzenegger y piden investigar un contrato de 114 millones de pesos con la AACI.
La presentación menciona que la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior dictó la Disposición 21/2026 (DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE) el 19 de enero de 2026, por la cual se adjudicó a la AACI la Adjudicación Simple por Especialidad N° 26-0033-CDI25 por $114.044.133, con opción de prórroga, para la continuidad del servicio de capacitación en inglés del personal de Cancillería, en el marco del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2025–2027.
Según el texto, la propia disposición consignó que de la Declaración Jurada de Intereses surgió un “vínculo positivo” entre Rouillet y Sturzenegger, y que se activaron los procedimientos del artículo 4° del decreto: comunicación a OA y SIGEN, sugerencia de un Pacto de Integridad y publicación de actuaciones en el sitio del ministerio.
Sin embargo, los denunciantes afirmaron que, al consultar el buscador de “Casos informados a la OA”, constataron que, al 15 de febrero de 2026, no figuraban publicaciones registradas sobre la recepción de la declaración jurada correspondiente al caso y sostuvieron que esa presunta omisión afectó un requisito “clave” de transparencia.
En el capítulo “Derecho”, el escrito encuadró los hechos en los posibles delitos de incumplimiento de deberes (art. 248 del Código Penal) y negociaciones incompatibles (art. 265), y señaló que el tema tomó dimensión pública porque fue noticia en distintos medios, como la Agencia Noticias Argentinas, que la denuncia menciona expresamente.
En la presentación también introdujo un antecedente: se aseguró que en 2024 estuvo vigente otro contrato entre “idénticos contratantes” y se pidió verificar si correspondía una actualización de la declaración jurada dentro del plazo que prevé el decreto, y si esa actualización fue publicada en el sitio de la OA.
La denuncia llegó luego de una investigación periodística de la Agencia Noticias Argentinas que reveló la adjudicación de $114.044.133 a la entidad dirigida por Rouillet y el posterior cruce público: el canciller Pablo Quirno negó irregularidades, afirmó que la Cancillería contrata a la AACI “desde 2018” y sostuvo que, por existir vínculo familiar, se activó el procedimiento de integridad con intervención de OA y SIGEN.
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