La Cámara de Diputados se prepara para un debate clave: los bloques opositores intentarán mañana dictaminar el proyecto de ley que restringe la utilización de decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo. La iniciativa, que ya fue aprobada en el Senado, será tratada en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, convocado para las 14hs.
Si el dictamen se firma como está previsto, el texto quedará listo para llegar al recinto el próximo miércoles 8 de octubre, en lo que promete ser una de las discusiones más intensas de la agenda parlamentaria.
El proyecto en cuestión introduce cambios de fondo: bastará con que una sola cámara rechace un DNU para que quede anulado, a diferencia del régimen actual que exige el voto negativo de ambas cámaras. Además, establece un plazo máximo de 90 días desde su publicación para que los decretos sean convalidados en el Congreso; de no cumplirse, pierden validez. También se prohíbe que, una vez rechazado un decreto o una delegación legislativa, el Ejecutivo vuelva a dictar medidas sobre la misma materia en ese año parlamentario.
La ofensiva parlamentaria encendió las alarmas en el oficialismo, que ha hecho un uso frecuente de los DNU como herramienta de gestión, pese a que la Constitución, en su artículo 99, inciso 3 limita su aplicación a “circunstancias excepcionales”.
El actual marco normativo proviene de la reforma constitucional de 1994, cuando se creó la figura de los DNU, y de la ley 26.122, sancionada en 2006 por impulso de Cristina Fernández de Kirchner, que blindó a los decretos presidenciales al establecer que con la aprobación de una sola cámara bastaba para que siguieran vigentes.
De prosperar la nueva ley, se invertirá la lógica vigente y el Congreso recuperará mayor poder de control sobre una herramienta que, en la práctica, ha ampliado considerablemente las facultades del Ejecutivo en los últimos años.
