Un grupo de diputados de la oposición, encabezado por el legislador de Unión por la Patria (UxP) Eduardo Valdés, presentó este lunes un proyecto de ley destinado a otorgar una reparación integral a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas fatales de la tragedia vinculada al fentanilo contaminado, que meses atrás sacudió al sistema sanitario argentino a raíz de la distribución de lotes adulterados.
La propuesta legislativa contempla una compensación económica equivalente a tres salarios mínimos vitales y móviles, pero también incorpora un esquema de asistencia más amplio que abarca prestaciones de salud, apoyo social, reinserción educativa e incorporación laboral. Además, el proyecto prevé una pensión vitalicia para hijos y cónyuges de quienes fallecieron, y beneficios específicos para los sobrevivientes que sufrieron secuelas o incapacidades por la intoxicación.
Según el texto al que accedió Noticias Argentinas, la subvención no interferirá con eventuales indemnizaciones reclamadas por vía judicial o extrajudicial. Podrán recibirla los hijos menores de 18 años o hasta los 25 si se encuentran estudiando y los cónyuges o convivientes que acrediten al menos dos años de vida en común previos al fallecimiento. Para los sobrevivientes, el beneficio se extenderá mientras persista la incapacidad laboral derivada del consumo del medicamento adulterado.
“El Estado tiene la obligación de asumir un compromiso social ante esta tragedia”, sostuvo Valdés, quien remarcó que la iniciativa surge como respuesta a “la inoperancia estatal y la negligencia privada” que, según afirmó, dejaron una “herida abierta” en la sociedad. El proyecto también lleva la firma de otros legisladores de UxP y del Frente de Izquierda.
La norma propone crear el “Programa de Reparación Integral a Familiares de Víctimas Fatales y Víctimas Sobrevivientes del Fentanilo Contaminado o Adulterado”, cuya aplicación quedaría bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, en coordinación con las provincias afectadas. Asimismo, impulsa la formación de un Consejo de Control y Seguimiento integrado por familiares, organizaciones sociales y organismos públicos, con el objetivo de garantizar transparencia y efectividad en la implementación de la ley.
“Muchas familias perdieron no solo a sus seres queridos, sino también su sustento económico. No podemos permitir que, además del dolor, carguen con el abandono del Estado”, concluyó Valdés al presentar la iniciativa.
