Los diputados de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot presentaron una medida cautelar para suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/23, con el objetivo de evitar que se consoliden nuevas adquisiciones de tierras rurales por parte de extranjeros mientras se define el futuro de la normativa.
La presentación judicial se produjo luego de que la Corte Suprema revocara un fallo que había declarado la inconstitucionalidad de ese artículo del DNU, que derogó las restricciones establecidas por la denominada Ley de Tierras para la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros.
El planteo judicial se suma así a la ofensiva parlamentaria de los bloques opositores para intentar derogar el DNU 70/23. La Cámara de Diputados deberá definir ahora si la sesión especial solicitada para el 15 de octubre reúne el quórum necesario para tratar la derogación del decreto.
Los legisladores firmaron el pedido de sesión especial presentado ayer por bloques opositores en la Cámara de Diputados para el próximo 15 de octubre, donde se buscará debatir la derogación del DNU 70/23, que incluye la derogación de la Ley de Tierras.
Sin embargo, en paralelo con esa estrategia parlamentaria, presentaron la cautelar para evitar que durante el período de vigencia del artículo 154 se consoliden operaciones que luego puedan quedar protegidas como derechos adquiridos.
“La cautelar busca evitar que las operaciones que puedan realizarse durante este período se consoliden luego como derechos adquiridos. El planteo advierte que, aun si el Congreso rechazara el DNU o si se restablecieran por ley las restricciones, las adquisiciones perfeccionadas durante su vigencia podrían quedar a salvo”, señalaron los diputados.
En el escrito presentado ante la Justicia, Pichetto y Massot cuestionaron además que la derogación de la Ley de Tierras mediante un decreto de necesidad y urgencia haya reunido las condiciones previstas por la Constitución Nacional. Según sostuvieron, la decisión “no reunió las circunstancias excepcionales que exige la Constitución Nacional para el dictado de un DNU”.
Los diputados argumentaron también que las tierras rurales y los cuerpos de agua constituyen recursos naturales estratégicos, escasos y no renovables, por lo que, a su criterio, el régimen aplicable a su disposición debe ser establecido por el Congreso de la Nación.
La Ley 26.737 había establecido límites a la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras, además de restricciones vinculadas con la superficie que podía concentrarse en manos de titulares extranjeros.
Como parte de la medida cautelar, los legisladores solicitaron que se adopten medidas destinadas a preservar el Registro Nacional de Tierras Rurales, mantener actualizada la información sobre las adquisiciones realizadas por extranjeros y garantizar la publicidad de la existencia del proceso judicial.
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