El fiscal federal Eduardo Taiano volvió a defender su decisión de sobreseer al presidente Javier Milei y a los otros diez involucrados en la causa del criptoescándalo $LIBRA luego de una presentación realizada por una fiscalía especializada en delitos de corrupción, que cuestionó severamente su trabajo y pidió que la causa se reabra.
Con esta postura, la decisión final recae sobre el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien deberá resolver si convalida el cierre del expediente o si habilita una nueva etapa de recolección de pruebas. Vale recordar que el Gobierno nombró recientemente a la esposa de Martínez de Giorgi, Ana Juan, como jueza federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham, provincia de Buenos Aires.
La pulseada en los tribunales federales
El escrito presentado por Taiano funcionó como respuesta a la solicitud realizada el pasado 30 de octubre por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, quien argumentó que el cierre de las actuaciones resultó prematuro y que aún existían medidas pendientes para dilucidar los movimientos financieros del activo digital.
La fiscalía especializada rechazó el cierre del expediente con duros cuestionamientos a la actuación de Taiano.«Se tiene dicho que, por su carácter de sentencia definitiva, el sobreseimiento requiere la comprobación de una certeza negativa que jamás puede sustentarse en meras dudas. La resolución cuestionada no da razón bastante de la ineptitud manifiesta», consideró por ejemplo la PIA.
«Según se aprecia, el estado actual del caso, no se encuentra en el final de la investigación, sino en su etapa de recolección de pruebas, las cuales estarían mostrando señales de una concertación defraudatoria», remató el organismo judicial que investiga los casos de corrupción.
Vale recordar que Taiano pidió el sobreseimiento de Milei en la causa al sostener que no había elementos suficientes para sostener que en la operación del caso $Libra haya habido una estafa. Ahora, sostuvo que la investigación preliminar reunió los elementos suficientes para descartar un perjuicio penal atribuible a los funcionarios nacionales y defendió la validez del sobreseimiento dictado el pasado 23 de octubre.
También le pegó al fiscal Rodríguez, al considerar que al no tener acceso al expediente, su presentación está fundamentada en «afirmaciones antojadizas, más propias de un conversatorio televisivo que de los datos«.
En su defensa de la legalidad de los actos, el dictamen fiscal valoró un informe interno de la Oficina Anticorrupción, organismo que depende del propio Ejecutivo, que determinó que la publicación se efectuó desde un perfil ciudadano sin comprometer recursos del Estado ni infringir la normativa vigente en materia de ética pública.
Los próximos pasos en Casación
En paralelo al planteo que resolverá Marcelo Martínez de Giorgi, el futuro de la investigación mantiene otra vía abierta en la órbita judicial. La Cámara Federal de Casación Penal evalúa un recurso presentado por los inversores damnificados para recuperar su rol como querellantes en el expediente y evitar el archivo definitivo de la causa que sacudió el escenario político e institucional.
