El Gobierno proyecta destinar 92,2 billones de pesos al pago de prestaciones sociales durante 2026, según surge del proyecto de Presupuesto que el Ejecutivo enviará al Congreso, y que concentra en este rubro el 62% del gasto total estimado en 148,1 billones de pesos. El paquete incluye jubilaciones, pensiones contributivas y no contributivas, asignaciones familiares, programas sociales y fondos para el PAMI.
El área, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Petovello, se mantiene como el corazón del gasto público. Solo las jubilaciones y pensiones demandarán 71 billones de pesos, equivalentes al 6,9% del PBI, mientras que las Asignaciones Familiares absorberán 10,1 billones (1% del PBI). Sin embargo, el Gobierno ratificó su decisión de que estos beneficios no se actualicen por inflación, tal como establece el artículo 73 del proyecto, una medida que ya despertó fuertes reparos en la oposición.
En paralelo, el texto contempla 3,6 billones de pesos para el PAMI: cerca de 2 billones por la detracción habitual de los haberes jubilatorios y otros 1,6 billones provenientes de asistencia del Tesoro. Los programas sociales también muestran un incremento: alcanzarán 7,4 billones, dos billones más que en 2025, lo que implica una suba del 20%.
Mientras tanto, La Libertad Avanza definió un cronograma acelerado para intentar aprobar la ley antes de Navidad. El oficialismo busca obtener dictamen en la Comisión de Presupuesto el 10 de diciembre, llevar la iniciativa al recinto de Diputados entre el 11 y el 12 y llegar al Senado con tiempo suficiente para evitar sesiones durante las fiestas.
Pero el debate llega con tensiones. Legisladores opositores reclaman sostener la movilidad para la Asignación Universal por Hijo, las asignaciones por discapacidad y por embarazo, advirtiendo que depender exclusivamente de aumentos discrecionales del Poder Ejecutivo podría erosionar el poder adquisitivo de millones de familias. Desde el oficialismo, en cambio, reiteran que no habrá cambios en la fórmula: “La decisión está tomada”, señalaron voceros parlamentarios cercanos a LLA.
El recorrido legislativo comenzará en un clima de negociaciones intensas, con un Gobierno que busca respaldo de gobernadores dialoguistas para garantizar la sanción de la “ley de leyes” antes de fin de año.
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