La visita relámpago al país del subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, la semana pasada rindió sus frutos: hoy se confirmó que el Gobierno cedió a las presiones y modificó el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como “Ley Malvinas”, relajando las sanciones a las empresas que operen en las islas, algo que era el centro de la iniciativa.
Los cambios en cuestión
Si bien la propuesta sigue siendo debatida este martes en un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, ya desde temprano trascendió que la Casa Rosada decidió hacer múltiples cambios al proyecto original a pedido de la administración d Donald Trump.
Según lo confirmado por fuentes legislativas, el Gobierno admitió que se limiten las sanciones a las empresas que operen ilegalmente en el archipiélago, ya sea en forma directa, como proveedora o accionista directa de la iniciativa, eximiendo a los subsidiarios, filiales o accionistas que no tengan una participación relevante en las exploraciones.
Vale decir, cedió en el punto central de la mega norma, que era ampliar las sanciones ya contenidas en la Ley 26.659, sancionada en 2011, que disponía penalidades no sólo para las empresas que realicen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin contar con la debida habilitación de la autoridad nacional competente, sino también sobre sus accionistas, así como sobre aquellas personas o empresas que brinden apoyo económico, financiero, logístico, técnico o de asesoramiento.
La versión original del proyecto anunciado por el presidente Javier Milei en la cadena nacional el 4 de septiembre se proponía precisamente ampliar esas sanciones. Ahora, la nueva versión presentada en las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores por el oficialismo restringe las prohibiciones sobre proveedores, filiales y accionistas de las firmas que participen en proyectos en Malvinas, sin autorización nacional. Ahora, para sancionar a un proveedor, la flamante norma exigirá que los bienes o servicios sean indispensables para la actividad ilegal y que este conozca, o no pueda razonablemente desconocer, su destino. También quedan exceptuados determinados accionistas minoritarios, con participaciones de hasta el 2%, y fondos de inversión que no tengan poder de decisión sobre los activos.
Modificaciones en las multas
Al mismo tiempo, el Gobierno también avanzó con cambios con las sanciones previstas en la ley, específicamente en el capítulo de las multas, aunque no necesariamente para reducirlas. Para quienes celebren nuevos contratos con empresas sancionadas, se establece una multa de entre dos y cuatro veces el beneficio indebido obtenido. Si no puede determinarse ese monto, la sanción será de entre 2000 y 40.000 barriles de petróleo, el doble de la escala original.
En cambio, la pena mínima de prisión para proveedores de bienes o servicios esenciales baja de cinco a dos años. También se incorpora un agravante para los delitos que provoquen daños ambientales graves. El dinero recaudado por las multas deberá destinarse al Ministerio de Defensa para el reequipamiento militar y el desarrollo de infraestructura estratégica.
Con estas modificaciones, la gestión de Milei busca atender las preocupaciones de la Casa Blanca, que expresó por múltiples canales su malestar con la posibilidad de que las penalidades propuestas en el proyecto original alcancen no solo a las firmas que operan en Malvinas sino también a filiales, intermediarios financieros, accionistas y proveedores de las firmas implicadas.
Cambios en materia de Seguridad
Los verdaderos temas polémicos de la Ley de Defensa tienen que ver con la materia de seguridad, ya que la mayoría de sus artículos modifican la legislación vigente en el tema. Por un lado, la iniciativa crea el Consejo de Seguridad Nacional, integrado de forma permanente por el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica.
Ante los pedidos de varios aliados, el oficialismo habilitó la participación del Presidente de la Cámara de Diputados, el presidente provisional del Senado, gobernadores y el Ministerio de Seguridad Interior como miembros no permanentes cuando «el asunto en cuestión lo amerite».
Tamién aceptó conformar una Comisión Bicameral de Seguimiento dentro del Congreso, facultada para auditar las decisiones y procesos del Consejo, de manera similar a la bicameral que controla a la Secretaría de Inteligencia del Estado. La propuesta había sido impulsada por el diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), para garantizar la participación del Parlamento en el control del nuevo organismo, que estará integrado únicamente por miembros del Poder Ejecutivo. Según el cambio anunciado, el Ejecutivo deberá informar a la bicameral, dentro de las 48 horas, las medidas de seguridad que adopte el Consejo.
Las nuevas penalidades
Otro de los puntos modificados es el artículo que sanciona con penas de cinco a doce años de prisión a quienes, «por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero», alteren procesos electorales o «manipulen a la opinión pública». El nuevo dictamen define qué se entiende por “campaña de injerencia extranjera”: acciones planificadas, sistemáticas, clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas, destinadas a alterar elecciones, afectar la formación de la voluntad política o condicionar decisiones de autoridades.
A la vez, introduce exclusiones expresas: no considera campaña de injerencia a la actividad diplomática conforme al derecho internacional, la expresión pública de opiniones de un Estado extranjero, la actividad periodística, la investigación académica ni la representación abierta y regulada de intereses.
Sin embargo, bloques aliados que firmaron con disidencias porque exigen más cambios en la redacción, fundamentalmente de los artículos 127, 128 y 129. “Si no hacen más cambios, yo voto en contra y se va a terminar cayendo en el recinto”, aseguró una diputada aliada. “Va a haber más cambios, no queda claro dónde quedan paradas las ONG que busca influir sobre las políticas del gobierno”, reconoció un alfil libertario.
Se define el futuro de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional de Malvinas
