Con el objetivo de reducir costos y dinamizar la producción industrial en el sur del país, el Gobierno nacional eliminó las restricciones fiscales que regían sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Ganancias para las empresas radicadas en Tierra del Fuego. La decisión quedó oficializada a través del Decreto 535/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
La normativa busca aliviar la carga tributaria sobre operaciones realizadas desde el Área Aduanera Especial (A.A.E.) con destino al consumidor final, permitiendo una mayor competitividad y oferta de productos en el mercado interno. Según el decreto, las restricciones eliminadas habían generado obstáculos que comprometían la competitividad de las empresas fueguinas.
En concreto, se levantaron las limitaciones que afectaban el cómputo del crédito fiscal presunto del IVA, así como ciertas deducciones y beneficios en el impuesto a las Ganancias. Estas restricciones se aplicaban principalmente en transacciones con consumidores finales, empresas vinculadas o intermediarios, impactando negativamente en la sostenibilidad del entramado industrial de la isla.
“El nuevo escenario macroeconómico, marcado por un programa de estabilización, políticas de desregulación y una apertura comercial más amplia, modificó las condiciones de competencia para toda la industria nacional, y especialmente para aquella que opera desde el A.A.E.”, detalla el decreto.
Desde el Ejecutivo argumentaron que, ante esa situación, resulta “conveniente optimizar la articulación del régimen industrial vigente” para garantizar el funcionamiento del modelo fueguino, que actualmente se encuentra prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2038 por el Decreto 727/21.
Las compañías interesadas en acceder a los beneficios deberán acreditar el origen fueguino de sus productos, conforme a lo establecido por la Ley 19.640, y continuar operando bajo los lineamientos del régimen promocional vigente.
La medida apunta a consolidar el desarrollo industrial en Tierra del Fuego, aliviando la carga impositiva que afectaba su competitividad frente al resto del país, y a preservar los empleos e inversiones en una región clave para el entramado productivo argentino.
