El Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley destinado a restringir la sanción de normas que no cuenten con financiamiento asegurado. La propuesta, denominada “Ley de compromiso de estabilidad fiscal y monetaria”, fue remitida junto al Presupuesto 2026 y será analizada por las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda.
El texto establece que ninguna ley podrá ser aprobada si no contempla partidas presupuestarias que garanticen su financiamiento. Además, prohíbe que el Presupuesto general de la Nación se apruebe con resultado deficitario.
Uno de los aspectos más llamativos es la introducción de sanciones penales: los funcionarios nacionales que apliquen normas en violación de esta ley podrán recibir penas de entre uno y seis años de prisión.
La iniciativa también faculta al jefe de Gabinete a realizar ajustes durante la ejecución presupuestaria en caso de que se registre una caída de ingresos o un aumento de gastos que ponga en riesgo el equilibrio fiscal. En esas situaciones, deberá adoptar las medidas necesarias para recomponerlo.
A su vez, el proyecto establece que toda ley que disponga gastos no previstos en el Presupuesto solo entrará en vigencia cuando se incorporen las partidas correspondientes en el ejercicio fiscal siguiente, salvo que se asegure el financiamiento con recursos específicos y suficientes.
Otro punto clave es la obligatoriedad de que todo proyecto de ley cuente con un informe de impacto presupuestario de mediano plazo: en el caso de las iniciativas oficiales, será elaborado por el Ministerio de Economía, mientras que en las legislativas, quedará a cargo de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Finalmente, la norma dispone que cualquier disposición sancionada en violación a estas reglas será considerada nula de pleno derecho.
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