En plena discusión por la liberación de todos los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, y en el contexto del renacido interés oficial por la soberanía de las islas Malvinas, el Gobierno lanzó un programa que permitirá a personas foráneas acceder a la ciudadanía argentina a través de una inversión, sin necesidad de cumplir con los dos años de residencia continua y legal que exige el procedimiento normal, entre otros requisitos.
La iniciativa
La iniciativa fue anunciada este viernes por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante la «Argentina Week» que se desarrolló en París. El propio ministro confirmó que el país comenzará a recibir solicitudes de ciudadanía durante el cuarto trimestre de este año.
El llamado «Programa de Ciudadanía por Inversión» ofrecerá dos alternativas. La primera será realizar un aporte directo y no reembolsable de US$ 350.000 al Tesoro Nacional. La segunda consistirá en suscribir por US$ 800.000 un título público que será creado específicamente para el régimen.
En este último caso, a diferencia de la contribución al Tesoro, el interesado adquirirá un instrumento de deuda pública. El esquema anunciado no establece como requisito la compra de una empresa ni la realización de un emprendimiento productivo en el país. En otras palabras, no exige ninguna inversión en sentido extricto.
“Asimismo, podrán aplicar el cónyuge e hijos del solicitante principal, siempre que acrediten el vínculo correspondiente y realicen los aportes previstos para cada categoría. Los cónyuges e hijos de entre 18 y 25 años, solteros y sin hijos, podrán solicitar la ciudadanía mediante un aporte de US$ 100.000 al Tesoro Nacional. Los menores de 18 años podrán hacerlo mediante un aporte de US$ 25.000”, informó más tarde el gobierno nacional, que indicó que “bajo este esquema, un grupo familiar tipo integrado por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores, podrá solicitar la ciudadanía argentina por un total de US$ 500.000”.
Según explicó Caputo, el proyecto comenzó a gestarse hace dos años a partir del interés que habrían manifestado distintos sectores por obtener la ciudadanía argentina, especialmente aquellos vinculados a la tecnología, aunque nunca aclaró los motivos detrás de esta súbita vocación por tener la ciudadanía argentina.
“Se enmarca en algo que, en realidad, se originó hace ya dos años en uno de los primeros viajes que hicimos con el Presidente a Sun Valley, donde vimos a los más importantes popes de la industria tecnológica, y surgió en ese viaje el pedido desde muchos sectores de la ciudadanía argentina”, dijo Caputo.
“Argentina hoy es un faro de libertad e inversión en el mundo”, agregó el ministro para justificar ese interés, a la vez que planteó que el objetivo es continuar fortaleciendo los vínculos del país con el exterior y proyectar internacionalmente el valor de la ciudadanía argentina para atraer capitales extranjeros.
El proceso de evaluación
Eso sí, el Gobierno señaló que trabajó con firmas internacionales especializadas en migración para diseñar el sistema y adoptar prácticas utilizadas en otros países con esquemas similares.
También aclaró que la llamada «inversión» no implicará la concesión automática de la ciudadanía. “Todos los interesados deberán atravesar previamente un proceso de evaluación y los fondos tendrán que ingresar a través del sistema financiero formal”, indicó el Ejecutivo.
La evaluación estará encabezada por un órgano creado para tal fin: la ignota Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, aunque el proceso contará con la participación de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad y del Interior.
El procedimiento incluirá la verificación de la identidad del solicitante y de la trazabilidad y licitud del origen de los fondos, además de un análisis patrimonial y financiero. También se revisarán sus antecedentes penales y “reputacionales”, el riesgo asociado a su jurisdicción de procedencia y su historial migratorio.
El Gobierno aseguró que el sistema incorporará “estándares de debida diligencia”, transparencia financiera y gestión de riesgos alineados con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Una vez completados los controles, la Agencia elaborará una recomendación que será remitida a la Dirección Nacional de Migraciones, último organismo que decidirá si aprueba o rechaza cada solicitud.
Para fundamentar el programa, Caputo aseguró que los recursos obtenidos serán destinados “a fortalecer la posición fiscal y financiera del Estado”.
La discusión sobre la Ley de Tierras
Lo cierto es que, de fondo, planea la discusión por la extranjerización de la propiedad de la tierra, acaso uno de los ejes que dominó la política nacional en 2026, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que rehabilitó la derogación de la Ley 26.737, que ponía un tope del 15% a la tenencia de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y municipal.
Si bien actualmente ninguno de esos límites se encuentra vigente precisamente porque el máximo tribunal revocó el fallo que suspendió el artículo 105 del DNU 70/23 –que a su vez derogó la Ley 26.737- por una cuestión técnica; lo cierto es que la oposición anunció que intentará derogar el polémico decreto presidencial en la Cámara de Diputados, además de presentar una serie de iniciativas para reponer la norma eliminada.
Los diputados nacionales Nicolás Massot y Miguel Ángel Pichetto, por ejemplo, presentaron una medida cautelar autónoma contra el Estado Nacional para suspender la derogación de la Ley de Tierras. El escrito también pide una medida interina urgente, bajo el argumento de que las operaciones de venta de tierras a extranjeros realizadas mientras se tramita el expediente podrían quedar amparadas por derechos adquiridos, incluso si el Congreso rechaza luego el DNU 70/23 o la Justicia invalida el artículo cuestionado.
Hasta hubo gobernadores habitualmente aliados al Gobierno, como el misionero Hugo Passalacqua, que recurrió a la Justicia para restablecer las limitaciones a la venta de tierras a extranjeros. «Con más del 90% de frontera internacional, una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro, no podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido. Cuidar la tierra misionera es un deber irrenunciable con nuestra soberanía y con nuestra gente», justificó el mandatario en un comunicado.
Las sospechas opositoras
En ese marco, la oposición salió a cuestionar el Programa de Ciudadanía por Inversión, al advertir que el sistema no requiere residencia ni una inversión concreta en el país para otorgar la ciudadanía nacional, por lo que consideran que “es el plan B” para evadir los límites a la venta de tierra extranjera.
«Es escandaloso que nuestra ciudadanía valga US$ 350.000, que no se requiera inversión alguna, ni residencia en nuestro territorio», sentenció la diputada Florencia Carignano (UxP), quien aseguró que «para tener dimensión de lo que promueve el gobierno de Milei, los otros países que venden su ciudadanía son San Cristobal y Nieves, Dominica, Granada, Santa Lucía, Antigua, Vanuatu y Nauru«.
“Con esta medida cualquier extranjero podría tener nuestra ciudadanía y comprar tierra de manera ilimitada”, advirtió Carignano, quien indicó que “la Unión Europea ya había advertido que de suceder esto, impondría un visado a los argentinos, porque nacionalidades que hoy no pueden entrar sin visa a Europa, lo podrían hacer comprando nuestra ciudadanía”.
Los legisladores peronistas Agustín Rossi y Kelly Olmos fueron más allá y ya presentaron un proyecto de Ley de Prohibición de la Venta de la Ciudadanía Argentina, bajo la presunción de que la iniciativa «está destinada a los tecnomagnates».
El texto propone derogar la causal de naturalización por «inversión relevante» y disolver la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, además de prohibir expresamente que cualquier pago, aporte, donación o compra de títulos sustituya la residencia en el país que exige la Constitución Nacional como condición de otorgar la ciudadanía.
“Nunca en mi vida pensé tener que hacer un proyecto de ley para prohibir que vendan la ciudadanía argentina. Milei lo hizo, a pedido de los ‘popes de la industria tecnológica’”, aseguró Rossi, quien advirtió que “una ciudadanía comprada se convierte en un atajo para eludir las restricciones y los límites que tienen los extranjeros para comprar tierras argentinas. El proyecto de ley que presentamos busca evitarlo (…). La obtención de ciudadanía es también una cuestión de soberanía”.
De esta manera, oficialismo y oposición suman un nuevo núcleo de enfrentamiento que parece destinado a definir posiciones y ejes discursivos para la campaña que se inicia de cara a las elecciones 2027.
