En el contexto de un fuerte ajuste económico impulsado por el Gobierno de Javier Milei, el régimen de monotributo se convirtió en una herramienta clave para amortiguar el impacto sobre el empleo. Jóvenes profesionales y empresas encontraron en esta figura una salida frente a los altos costos del trabajo en relación de dependencia, aunque el fenómeno despierta crecientes cuestionamientos.
Según estadísticas oficiales, el 37% del aumento de los aportantes monotributistas y autónomos entre 2011 y 2024 se debe al crecimiento de este régimen, que ofrece a las compañías una alternativa más accesible para incorporar trabajadores sin afrontar las cargas patronales del empleo formal. Sin embargo, especialistas advierten que este esquema, lejos de representar una mejora estructural, refleja una creciente precarización del mercado laboral.
En enero de este año, los monotributistas y autónomos sumaban 2,5 millones, frente a los 1,7 millones registrados hace tres años. El salto se explica en buena parte por el avance de los profesionales con formación terciaria o universitaria que, ante la falta de empleo en relación de dependencia, optaron por el trabajo independiente para sostener sus ingresos en un contexto de suba de tarifas, transporte y servicios.
“El 65% del crecimiento del régimen corresponde a personas con estudios universitarios completos o incompletos”, detalla un informe de la Secretaría de Trabajo, que además alerta que la proliferación del monotributo no garantiza una mejora en la tasa de formalidad real. “No implica acceso a la formalidad como asalariado”, advierte el estudio.
A su vez, el economista Esteban Domecq, director de la consultora Invecq, señala que “dos de cada tres nuevos empleos están en la informalidad o bajo figuras independientes, muchas de ellas mal utilizadas”.
En este escenario, el Gobierno nacional analiza posibles reformas al régimen, que incluirían la posibilidad de que los monotributistas puedan realizar mayores aportes previsionales, con el objetivo de fortalecer su acceso futuro a una jubilación.
Mientras tanto, la informalidad laboral sigue alta: uno de cada cuatro trabajadores carece de aportes, lo que plantea un desafío estructural para un mercado laboral cada vez más fragmentado.
