El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) fijó para el 10 y 11 de noviembre las audiencias públicas por el pedido de la Argentina contra el Reino Unido para suspender las actividades petroleras vinculadas con el proyecto Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas. La convocatoria fue dispuesta por el presidente del organismo, el juez Maurice K. Kamga, mediante una providencia fechada el 20 de octubre. Las sesiones se realizarán en la sala principal del tribunal, en Hamburgo, Alemania, y el cronograma detallado será publicado en su sitio web.
La presentación argentina
La presentación argentina ingresó el 13 de octubre y solicita medidas provisionales en el marco de la controversia por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico sudoccidental. El pedido se sustenta en el artículo 290, párrafo 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que contempla la intervención del tribunal ante solicitudes de medidas provisionales previas a la conformación de un tribunal arbitral. El Gobierno busca impedir que las actividades avancen mientras se constituye ese tribunal, que deberá analizar el fondo del caso.
Según el comunicado oficial difundido por el tribunal, el caso se denomina «explotación de hidrocarburos en el océano Atlántico sudoccidental (Argentina contra el Reino Unido), relativo a medidas provisionales». La vía ante el Tribunal del Mar se abrió después de que la Argentina iniciara un arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención.
El planteo argentino busca preservar los derechos que el país reivindica sobre su plataforma continental mientras se tramita el arbitraje. Además de solicitar que se detengan las actividades de explotación, el Gobierno pidió que no se utilice información obtenida durante las exploraciones en perjuicio de sus derechos y que se eviten nuevas autorizaciones que agraven la controversia. La presentación se produjo después de que venciera el plazo de dos semanas que Buenos Aires había otorgado a Londres para que frenara las actividades vinculadas con el emprendimiento.
Argentina sostiene que el Reino Unido no puede impulsar unilateralmente actividades sobre recursos naturales en una zona cuya soberanía está en disputa. También advierte sobre los riesgos ambientales que el desarrollo petrolero podría generar en el Atlántico Sur.
El proyecto Sea Lion
Sea Lion está a cargo de la empresa israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% del proyecto, y la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante. El yacimiento se encuentra en la Cuenca Malvinas Norte, aproximadamente a 220 kilómetros al norte del archipiélago. Las empresas avanzaron con la decisión de inversión para desarrollar el campo y proyectan iniciar la producción comercial en 2028. Según la información citada en la presentación argentina, las compañías prevén comenzar la perforación de la primera fase en 2027.
De acuerdo con las estimaciones difundidas sobre el emprendimiento, Sea Lion podría generar exportaciones brutas cercanas a los u$s1.600 millones anuales una vez que alcance la producción comercial. El resultado dependerá de la puesta en marcha del yacimiento y de las condiciones del mercado petrolero.
El Gobierno británico confirmó que participará del procedimiento internacional, pero rechazó el planteo argentino. Sostiene que la presentación, por sí misma, no invalida las licencias otorgadas por las autoridades de las islas ni obliga a detener las actividades hidrocarburíferas. Londres mantiene su respaldo al emprendimiento y afirma que las autoridades isleñas pueden habilitar el desarrollo de sus recursos naturales.
La disputa judicial
En paralelo al procedimiento internacional, el proyecto enfrenta cuestionamientos en los tribunales argentinos. En septiembre, la Justicia Federal de Río Grande ordenó suspender cautelarmente las actividades vinculadas con Sea Lion, en una causa relacionada con la prevención de daños ambientales. La resolución alcanzó a Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration y contempló medidas para frenar el avance de las operaciones. Esa cautelar es independiente del procedimiento ante el Tribunal del Mar y no reemplaza la decisión que deberá adoptar el organismo internacional.
La convocatoria a las audiencias no implica que se haya ordenado detener el proyecto. Los jueces deberán escuchar los argumentos de las partes y evaluar la documentación antes de resolver si corresponde disponer medidas provisionales. Esta instancia tampoco supone un pronunciamiento sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Las audiencias podrán seguirse en directo a través del sitio web del tribunal y, al finalizar cada sesión, el organismo pondrá a disposición la grabación correspondiente.
