La Confederación General del Trabajo (CGT) celebró este domingo un fallo de la Justicia laboral que suspendió provisoriamente los artículos más polémicos del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 340/25, con el que el Gobierno nacional buscaba acotar el derecho a huelga en varios sectores laborales.
La resolución fue dictada por la jueza Moira Fullana, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°3, quien decidió hacer lugar a una medida cautelar presentada por la central sindical. La magistrada ordenó suspender los artículos 2 y 3 del decreto “hasta tanto se dicte sentencia definitiva”.
La CGT reaccionó rápidamente con un comunicado donde resaltó la “efectividad de la estrategia jurídica” que ha desplegado para frenar lo que considera un avance del Ejecutivo sobre derechos constitucionales. “No vamos a permitir que se retroceda sobre conquistas históricas del movimiento obrero”, expresó la central obrera.
Un decreto en el centro de la polémica
El decreto impugnado fue emitido por el presidente Javier Milei en el marco de su programa de reformas estructurales. Entre otras cosas, ampliaba el listado de actividades consideradas “servicios esenciales” y establecía nuevos límites para la realización de huelgas, imponiendo guardias mínimas del 50% al 75% del personal, lo que, según los gremios, tornaba impracticable cualquier medida de fuerza.
La CGT argumentó en su amparo que estas disposiciones violan el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otras normativas que reconocen la libertad sindical y el derecho a huelga.
Un antecedente clave para el sindicalismo
Antes de este fallo, la Justicia ya había hecho lugar a una medida similar impulsada por ATE, sindicato que forma parte de la CTA Autónoma, en una causa paralela que también cuestionaba el alcance del DNU presidencial.
El nuevo revés judicial para el Gobierno fortalece a los gremios en su pulseada con la administración libertaria, que desde diciembre pasado ha intentado avanzar con una reconfiguración profunda del vínculo entre el Estado y los trabajadores organizados.
Aunque la medida judicial es de carácter provisorio, representa un espaldarazo clave para el sindicalismo en su ofensiva legal contra las políticas del oficialismo. La CGT ya adelantó que continuará dando batalla “en todos los frentes necesarios” para proteger el derecho a la protesta y la negociación colectiva.
La CGT llevó a la Justicia el decreto que restringe el derecho a huelga
