Las universidades públicas ganaron otra batalla judicial en la pelea por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que ya supera los 330 días sin cumplirse por parte del gobierno nacional, con un fallo donde la Justicia Federal exigió nuevamente su implementación en forma inmediata y declaró inconstitucional la embestida del presidente Javier Milei contra la norma.
El nuevo fallo de la Justicia
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró la inconstitucionalidad de un tramo del Decreto N° 759/2025 con el cual el Gobierno frenó la ejecución de la norma aprobada por el Congreso en 2025 y ratificada por el cuerpo legislativo con el rechazo al veto presidencial del mismo año.
El gobierno de Milei había promulgado formalmente la ley, pero nunca la puso en práctica. Al igual que ocurrió con la ley de Emergencia en Discapacidad, argumentó que el Congreso había dispuesto actualizaciones salariales y presupuestarias sin especificar las partidas concretas de donde surgirían los recursos y que, por lo tanto, incumplía la Ley de Administración Financiera, algo que consignó en el citado DNU (759/25), que frenó la aplicación de norma.
Se trata de un argumento falaz, que ahora quedó invalidado por el nuevo fallo del juez Martín Cormick. El magistrado consideró que la estrategia del Gobierno funcionó como un “mecanismo extraconstitucional” y una “instancia de veto no prevista” en la Constitución Nacional. Además, remarcó que el artículo 9° de la propia ley universitaria (27.795) otorgaba pautas y herramientas suficientes para que el Poder Ejecutivo reasignara los créditos necesarios para cumplirla.
«Suspender la aplicación de una Ley entendiendo que se ha omitido precisar con exactitud las fuentes de financiamiento cuando existe un artículo que da pautas sobre la cuestión, deviene irrazonable«, sostiene Cormick en su argumentación.
A la vez, plantea que el Gobierno podría haber reasignado fondos para cumplir la norma al poner como ejemplo que, como en 2025 regía una prórroga del Presupuesto 2023, el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos pudo reasignar partidas en seis oportunidades con otros fines a los originalmente establecidos.
«En definitiva, el Decreto 759/25 no supera un test mínimo de razonabilidad, en tanto permite suspender e inaplicar, amparado en la aplicación de un artículo de una ley anterior, la aplicación de una ley en donde el Congreso insistió con las mayorías agravadas requeridas«, concluye el juez al declarar su inconstitucionalidad y ordenar -otra vez- la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La intimación
El fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 hizo lugar, de esta manera, al amparo colectivo presentado por casi toda la comunidad universitaria: el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las universidades públicas y los docentes, junto con la demanda de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En la sentencia, el juzgado intimó nuevamente al Gobierno a cumplir de manera inmediata la ley y a garantizar los fondos destinados a salarios docentes, gastos de funcionamiento y becas estudiantiles. Según estimaciones del sistema universitario, esto implicaría una recomposición salarial superior al 34%.
En la práctica, el fallo anular el recurso que había utilizado el Gobierno para condicionar la ejecución de la ley a la existencia de financiamiento y partidas presupuestarias, al atar su cumplimiento a la Ley de Administración Financiera, dictada por el propio Ejecutivo.
La decisión de fondo respalda además la medida cautelar dictada por el propio Cormick que obliga a la actualización de salarios y becas, que fue ratificada por la Corte Suprema pero desoída por parte del Gobierno, que sigue sin cumplir con la ley y las órdenes judiciales que ordenan aplicarla.
Semanas atrás, el propio magistrado rechazó el pedido de la administración libertaria para levantar la cautelar al considerar que el acuerdo firmado en junio con los rectores no alcanza para demostrar que el conflicto estaba resuelto. Además, imtimó al Estado a detallar y documentar el nivel de cumplimiento alcanzado de la norma, algo que luego consideró no probado, entre otras razones porque el Gobierno mantiene un retraso superior al 34% de los salarios docentes y los fondos para becas.
Recordemos que la Ley de Financiamiento Universitario dispone la actualización de los sueldos docentes y no-docentes, así como también de las becas, siguiendo el índice oficial de inflación (IPC) desde la asunción de Milei en diciembre de 2023. Según cálculos de los gremios docentes, el Ejecutivo aún sostiene un retraso de 34,4% en los salarios con respecto a la inflación oficial, lo que equivaldría a cuatro sueldos.
El derrotero judicial
El derrotero judicial de la batalla universitaria comenzó cuando los rectores interpusieron una acción de amparo contra el Estado tras la suspensión, mediante el DNU 759/25, de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) hasta que se definieran las fuentes para financiarla dentro del presupuesto general. Este artilugio legal utilizado por el Ejecutivo es el que cayó hoy con el fallo que declara inconstitucional al citado tramo del decreto.
Pero ya antes, el juez Cormick ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, referidos a las actualizaciones salariales y de las becas. El Gobierno apeló y la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de primera instancia y ratificó la medida cautelar a favor de las universidades. El Ejecutivo recurrió entonces a la Corte Suprema mediante la presentación de un recurso extraordinario que fue aceptado. El máximo tribunal dejó poco después firme la medida cautelar. Aún así, el Ejecutivo sigue sin obedecer la ley ni los fallos judiciales.
A esto se sumó una presentación de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que pedía incluir en la cautelar la actualización presupuestaria de los gastos de funcionamiento, incluyendo las partidas para hospitales universitarios y de investigación científica.
El camino de la ley ya había sido bastante extenso. Fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto del año pasado. Luego fue vetada por el presidente Milei y volvió a pasar por ambas cámaras del Parlamento, que la ratificaron derogando el decreto presidencial, algo que ocurrió muy pocas veces en la historia. Vale recordar que, en 2024, Milei ya había vetado una iniciativa similar y en esa oportunidad el Congreso no la pudo sostener.
La reacción del Gobierno
Fuentes oficiales anticiparon a la prensa porteña que el Gobierno apelará el nuevo fallo de la Justicia para no tener que cumplir con la Ley de Financiamiento.
“Estamos viendo qué hacemos. Aún no está todo perdido”, señaló una fuente de la Procuración del Tesoro, que es el principal organismo dedicado a planificar los pasos del Poder Ejecutivo en materia judicial, para evitar afrontar el gasto que implicaría cumplir la norma.
Según anticipó Infobae, en el entorno de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ratificaron que la respuesta será por la vía judicial y ya se encuentran analizando la mejor estrategia a seguir, ya que consideran que aún tienen herramientas judiciales para discutir la resolución. Además, las fuentes descartaron una negociación política con las casas de estudio: por el momento se apostará a la apelación sistemática de las medidas judiciales.
“No vamos a tener ninguna reunión con las universidades, vamos a apelar”, habría remarcado «uno de los integrantes de la mesa chica de la funcionaria». La narrativa para sostener la posición oficial será la misma: “No hay plata” para cumplir con una ley que supuestamente “sabotea” el superávit fiscal.
Las fuentes sostienen que el margen de acción sobre las partidas depende ahora del Parlamento: “El Presupuesto nacional para 2027 ya está enviado, por lo que, si lo quieren cambiar, tienen que hacerlo en el Congreso”.
Reactivación del conflicto universitario
Dos meses después del acuerdo sellado de junio con los rectores, el conflicto universitario se reactivó cuando los gremios docentes y no docentes volvieron a parar en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento. Denuncian un triple incumplimiento por parte del Gobierno: porque no aplica la norma pero tampoco cumple con la medida cautelar y ni siquiera cumplió con el acuerdo firmado en junio pasado.
Ocurre que si bien el Gobierno pagó un aumento salarial del 21,33% para junio -y un 3% adicional en octubre– y aumentó las becas Manuel Belgrano, al mismo tiempo no pagó el 20% de incremento para los gastos de funcionamiento ni la partida extra para los hospitales universitarios ($50.000 millones). Viene bien recordar que, incluso con estos aumentos, aún adeuda más de un 34% de actualización de los haberes y los presupuestos universitarios para igualar a la inflación y cumplir con la Ley de Financiamiento.
“Este fallo histórico demuestra lo que venimos sosteniendo desde el primer día: el Poder Ejecutivo vulneró la Constitución Nacional y el orden democrático al pretender legislar por decreto y aplicar un veto encubierto a una ley que fue ratificada por dos tercios de ambas Cámaras del Congreso. El juez Cormick fue claro: el Poder Ejecutivo no tiene atribuciones para suspender la voluntad soberana del Poder Legislativo bajo el pretexto del ‘equilibrio fiscal’. Es una victoria contundente para las universidades nacionales, para nuestros salarios y para todo el sistema público universitario”, sostuvo Pablo Perazzi, secretario general del sindicato de Docentes de la UBA (FEDUBA).
Presupuesto 2027 y nueva marcha federal
El Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno en la Cámara de Diputados sigue incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario. El Ejecutivo propone allí destinar alrededor de $7,3 billones para el funcionamiento de las universidades nacionales el año que viene, pero los rectores habían adelantado que, para ajustarse a la ley, serían necesarios $11 billones, es decir casi un 50% más de lo que contempla el proyecto oficial.
El proyecto oficial mantiene los valores del período 2024-2026, lo que consolida un 24,9% menos, en términos reales, que el presupuesto 2023 destinado a las casas de estudio, según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Los rectores fueron nuevamente a buscar apoyo a su pedido en el Congreso. Explicaron su presupuesto y pidieron modificaciones razonables en una reunión convocada por Unión por la Patria. Luego comenzaron a reunirse con diputados y senadores.
Luego de haber rechazado el 3% de aumento que ofreció el Gobierno en las dos reuniones paritarias de septiembre, los gremios anunciaron nuevas medidas de fuerza y la Quinta Marcha Federal niversitaria para el 15 de octubre.
A diferencia de las medidas de fuerza anteriores, donde la movilización tuvo como escenario principal la Plaza de Mayo, el destino final de esta convocatoria será el Palacio de Tribunales. La propuesta fue ratificada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que congrega a los rectores, y convocó a movilizar “en defensa de la universidad pública argentina”.
La fecha de la marcha coincidirá con la sesión especial convocada por la oposición en la Cámara de Diputados para tratar el rechazo al DNU 70/2023, por lo que también confluirá con las movilizaciones contra del fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras.
Por ello, los gremios remarcan que el pronunciamiento de la Justicia debe ser acompañado por la fuerza colectiva en el espacio público.
Federico Montero, dirigente nacional de CONADU, convocó a masificar la movilización del próximo 15 de octubre:. “El fallo judicial es una herramienta fundamental que desarma el relato del Gobierno, pero sabemos perfectamente que la solución definitiva a este conflicto es política y se construye con la movilización popular. El Gobierno nacional ya ha demostrado su voluntad de sistemática de incumplir las leyes y recortar el presupuesto universitario. Por eso, este 15 de octubre nos vamos a movilizar masivamente con todos los sectores por la defensa irrenunciable de la universidad pública y la soberanía nacional”, anticipó.
