La Justicia Federal de Río Grande ordenó a las empresas internacionales Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum abstenerse de iniciar o continuar obras en el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas. La decisión cautelar responde a la presentación realizada por un ex combatiente de la guerra de Malvinas en un contexto de denuncias impulsadas por el Gobierno nacional contra operadoras no autorizadas. La resolución busca frenar perforaciones, instalaciones submarinas y maniobras de financiamiento para la extracción comercial en la plataforma continental argentina.
La medida cautelar
La jueza federal Mariel Borruto hizo lugar a la medida cautelar que exige a las firmas petroleras la suspensión inmediata de las actividades operativas y financieras destinadas a la ejecución del emprendimiento. Según se precisa en la resolución, la determinación «reviste naturaleza cautelar y, por consiguiente, no importa pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las demandadas ni sobre la totalidad de las cuestiones que integran el objeto de la acción principal».
En el marco de esta orden judicial, la magistrada exigió a las compañías alcanzadas que detallen su estructura societaria, identifiquen a los fondos de inversión involucrados, las aseguradoras contratadas y exhiban los estudios de impacto ambiental y planes de contingencia ante eventuales derrames.
El pedido a Cancillería
El tribunal libró oficios a la Cancillería Argentina para que informe en un plazo de diez días si las empresas vinculadas cuentan con permisos concedidos por la autoridad competente nacional para explotar hidrocarburos en la zona. De igual forma, requirió a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental precisar si existen registros o procedimientos iniciados sobre el proyecto Sea Lion.
