La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) generó una fuerte reacción en el Congreso. El senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro (Unión por la Patria) presentó este sábado dos proyectos legislativos con el objetivo de bloquear la medida impulsada por el Gobierno nacional a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N.º 494/2025.
Acompañado por otros once legisladores, de Pedro cuestionó duramente la decisión del Ejecutivo de avanzar con la privatización total de la empresa estatal, y sostuvo que el acceso al agua potable “es un derecho humano esencial que no puede quedar sujeto a la lógica de la rentabilidad privada”.
Desde sus redes sociales, el exministro del Interior recordó los avances logrados bajo la gestión pública de AySA, entre ellos que 4,5 millones de personas accedieron por primera vez al agua corriente y 3,6 millones a la red cloacal, además de inversiones “20 veces superiores” a las realizadas por Aguas Argentinas durante su etapa privada en los años ‘90.
“La cobertura de agua potable pasó del 79% al 85%, y la de cloacas del 60% al 70%. Además, se construyeron nuevas plantas y se redujeron tanto la frecuencia como la duración de los cortes del servicio”, detalló el senador, quien también recordó que en la década privatizadora “no se invirtió, se duplicaron las tarifas y se vertían residuos sin tratar al río”.
Rechazo desde Diputados
La iniciativa se enmarca en una postura unificada de Unión por la Patria (UxP), que ya había expresado su rechazo al DNU el pasado jueves en la Cámara de Diputados. En esa oportunidad, el bloque consideró que la decisión del Gobierno “desmantela el control público sobre un servicio esencial” y vulnera el Convenio Tripartito entre Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma, ratificado por el Congreso mediante la Ley 26.221.
El proyecto opositor en Diputados fue elaborado por Sabrina Selva y Victoria Tolosa Paz, con el respaldo de Germán Martínez y otros legisladores como Leopoldo Moreau, Paula Penacca, Carlos Castagneto y Leandro Santoro, entre otros.
Desde ese espacio calificaron la medida como “un atropello institucional de extrema gravedad” que pone en juego la soberanía estatal sobre un recurso vital.
De Pedro fue tajante: “Volver a privatizar AySA sería retroceder 30 años. No se trata solo de una empresa, sino de garantizar el acceso al agua como un derecho básico. Proteger la administración estatal de estos servicios es defender la salud, la vida y el bienestar del pueblo argentino”.
