El oficialismo busca dar el puntapié inicial en un plenario de comisiones con la reforma a la Ley de Glaciares, una iniciativa de suma relevancia para los planes del Gobierno de captar inversiones millonarias en megaminería e hidrocarburos, y que despierta preocupación en las organizaciones ambientalistas.
El debate reune a las comisiones de Recursos Naturales y Preservación del Ambiente (cabecera), presidida por el libertario José Peluc, con la de Asuntos Constitucionales, encabezada por Nicolás Mayoraz.
Si bien la meta del Gobierno es que la reforma sea ley antes de fin de mes, la discusión no se va a agotar este miércoles mismo con la firma del dictamen.
La idea que flota en los pasillos de la Casa Rosada, y que los operadores del Congreso manejan con sigilo en la Cámara baja, es que el presidente Javier Milei y la comitiva que lo acompañará al “Argentina Week 2026” -evento que tendrá lugar en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo- puedan mostrar la media sanción del Senado como un imán para atraer la atención de inversores internacionales que deseen apostar por extraer las riquezas del suelo argentino.
De todos modos, no se descarta que la semana que viene, en paralelo a la realización de este evento en Estados Unidos, se pueda firmar dictamen y aprobar en el recinto de la Cámara baja.
El 26 de febrero pasado, el Senado aprobó la reforma a la Ley de Glaciares con 40 votos afirmativos, en tanto que recibió 31 rechazos, incluidos dos votos del bloque peronista: los ex gobernadores de San Juan, Sergio Uñac, y de Catamarca, Lucía Corpacci.
La aprobación del proyecto era un compromiso asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscan una legislación más dinámica y menos rígida para destrabar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos.
Los puntos clave del proyecto
El proyecto de reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.
El proyecto busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciares, con el fin de que se autorice el desarrollo de actividades económicas siempre y cuando estén aprobadas por evaluación de impacto ambiental.
Además, la iniciativa les transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central.
Los bloques de la oposición dura y organizaciones ambientalistas rechazan la iniciativa debido a que quedaría sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de áreas consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos que son vitales para el consumo humano, para la biodiversidad y para el equilibrio climático.
La iniciativa oficial introduce una precisión al hablar de las “formas periglaciares”, y alienta a distinguir entre aquellas que cumplen funciones de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” de aquellas que no necesariamente cumplen dicha finalidad y son aptas para la utilización económica.
Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable.
La normativa actual, que data del 2010, protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares que están constituidas por una mezcla suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos.
Son ecosistemas muy fríos de alta montaña, reservorios de agua dulce habitualmente cercanos a glaciares, que se caracterizan por tener suelos congelados o saturados de agua y juegan un rol importante en la regulación del equilibrio hídrico y geomorfológico.
Con la modificación propuesta, se mantiene la prohibición para el desarrollo de actividades económicas en glaciares, pero se abre una puerta para desarrollar proyectos de inversión en áreas que no tengan una función hídrica fehaciente.
El proyecto crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya confección y funcionamiento estará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación de la Secretaría de Energía, que es la autoridad de aplicación.
A través del inventario, el organismo técnico tendrá la función de individualizar glaciares y formas periglaciares en el territorio nacional, y sobre éstas últimas deberá diferenciar entre aquellas que cumplen con la función hídrica de las que no.
Entre las actividades prohibidas, es decir, aquellas que “alteran de modo relevante la condición natural” o el valor hídrico de los glaciares se encuentran aquellas que liberen sustancias contaminantes, residuos o productos químicos; obras de arquitectura o infraestructura; exploración o explotación minera e hidrocarburífera y actividades industriales.
En cambio, las actividades permitidas son las investigaciones científicas, las tareas de rescate de emergencia, y la práctica de deportes no motorizados como andinismo y escalada.
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