Los abogados constitucionalistas Andrés Gil Domínguez, Carlos Lombardi, Eduardo Gerome y Diego Armesto salieron a explicar con una mirada crítica el sistema de listas colectoras que el oficialismo intentaba introducir en la flamante reforma electoral, pero que finalmente tuvo que resignar para poder avanzar con la suspensión de las primarias Paso, en distintas entrevistas.
Recordamos que, las listas colectoras o de “adhesiones” como las llamaba el oficialismo para evitar la mala prensa, es un mecanismo –prohibido en 2019– que permite a un candidato presidencial competir con más de una lista de legisladores adosada a su propia lista.
Si el oficialismo no la hubiera quitado de la reforma electoral, que acaba de obtener dictamen en el Senado, le hubiera permitido al Gobierno ofrecerles a sus aliados la posibilidad de tener una lista propia de candidatos legislativos que esté ligada a la candidatura presidencial del propio Javier Milei, por más que no figurara en la boleta.
El dilema de la elección de senadores
“Las colectoras en sí mismas nunca han sido una opción o una alternativa de las más transparentes para el proceso electoral”, advirtió por ejemplo Gil Domínguez en una nota firmada por María Agustina Zelayeta, donde hizo una distinción central a entender entre las listas colectoras para diputados y las listas colectoras para senadores, al advertir que “en principio, las colectoras de diputados nacionales no tendrían ningún problema porque la elección de diputados nacionales es proporcional según el sistema D’Hondt”.
“Ahora en la elección de senadores nacionales, veo un problema de constitucionalidad, ya que, ahí no es proporcional: el partido con más representación saca dos senadores y la oposición saca uno”, añadió ante la periodista de Noticias Argentinas. Por lo tanto, en ese caso “se podría dar la posibilidad de que las dos colectoras que van con un solo presidente saquen dos y uno (…) mientras que la oposición se quedaría sin nada”, explicó el especialista, quien por eso advirtió que “en el caso de la elección de senadores no son posibles las listas colectoras”.
Respecto a la falta de transparencia, Gil Domínguez afirmó que “las colectoras llaman a engaño y pueden confundir al electorado”, al tiempo que insistió en que “no son de las prácticas más transparentes de todas” y en la “elección de senadores no pasarían un test de constitucionalidad”.
Una metodología admitida
Un dato relevante es que tanto Lombardi como Gerome sostienen que las listas colectoras estarían admitidas por la Constitución. “Desde el punto de vista constitucional es evidente que se admite ese tipo de metodología de selección de candidatos, más allá de los cuestionamientos propios de la doctrina”, explicó Lombardi, quien sin embargo coincidió en que “las listas colectoras tienen un problema bastante importante desde el punto de vista constitucional, en especial en lo que respecta a la calidad democrática”.
En ese punto, advirtió que “pueden desnaturalizar la relación entre la voluntad del elector con las autoridades, con la representación política y sobre todo con el tema de la igualdad”.
El especialista ubicó el “conflicto constitucional” en la “desnaturalización en lo que refiere a la relación entre los electores y los representantes y en lo que tiene que ver con la igualdad de condiciones en la competencia”.
Respecto a “la distorsión de la voluntad popular”, explicó que “el problema va a aparecer cuando la cantidad de votos o la acumulación de votos favorezca una candidatura común, aunque las listas que la respalden representen propuestas políticas diferentes”, pero “ahí radica la distorsión de la voluntad popular, debido a que, hay asimetrías” entre los diferentes partidos que compiten –ya que unos suman votos de las colectoras y otros no lo hacen-.
“Al llevarse a cabo una distorsión de la voluntad popular, se afecta la igualdad electoral y se manifiesta en la falta de transparencia. Se confunde al elector y se debilita el voto”, definió y recordó el artículo 38 de la Constitución Nacional, el cual fue incorporado en la reforma constitucional de 1994, que define y regula a los partidos políticos.
Ausencia de prohibición explícita
Por su parte, Gerome subrayó que “la Constitución no hace referencia alguna a las listas colectoras”. “Por lo tanto, en principio y según la propia prescripción de la Carta Magna, todo lo que no está prohibido, está permitido”, indicó en el diálogo con Zelayeta, donde también destacó el artículo 38 de la Constitución porque “reconoce a los partidos políticos el derecho a intervenir en elecciones y presentar candidatos a los cargos electivos”.
“Como surge de su lectura, la norma no establece que un candidato presidencial deba tener una única lista legislativa ni tampoco impide que distintos partidos apoyen a un mismo candidato”, agregó Gerome, quien sin embargo coincidió con el dilema planteado por Gil Domínguez respecto a la elección de senadores ya que aquí el tema “es diferente” porque “el artículo 54 determina que cada provincia elige tres senadores: dos se las lleva el partido que obtiene mayor cantidad de votos y la restante queda para el partido que quedó segundo”.
“Si dos listas colectoras que van con el mismo candidato a presidente obtienen el primer y segundo puesto no podrían quedarse con las tres bancas, ya que, el postulado constitucional indica que las mismas deben distribuirse entre fuerzas políticas diferentes en la proporción indicada”, explicó y recordó que “esta interpretación fue la seguida por la Corte Suprema”.
Un problema de transparencia
Por su parte, Armesto coincidió con sus colegas en la falta de transparencia que promueve el sistema y consideró que “claramente lo que se hace es un engaño a la sociedad o al elector” debido a que “se produce una inequidad en la competencia electoral porque no hay una competencia en igualdad de condiciones”.
Además, “el elector va a tener la imposibilidad de una información clara y concreta del candidato”, advirtió Armtesto porque, si bien puede haber “una buena información, una buena campaña y la gente va a entender, me parece que no es correcto el cambio de las formas o la modalidad electoral casi a meses de la elección”.
Por lo tanto, para el letrado “lo que se busca es darle volumen al Poder Legislativo y crea un conflicto porque el partido político desde el punto de vista provincial va a terminar adhiriendo y pegando su boleta a una fórmula presidencial de un solo partido”, lo cual lleva a “una desvirtuación de las instituciones fundamentales del sistema democrático que son los partidos políticos”.
Algunos antecedentes en la materia
Al ser consultados sobre antecedentes de listas colectoras, Gil Domínguez marcó que hasta ahora “no hay ningún caso” y señaló que “el más parecido es el caso Bravo, que se llevó a la Corte Suprema de Justicia”.
“Bravo había juntado dos partidos y armado su candidatura a senador. Ahí la Corte y la Cámara Nacional Electoral condenaron la candidatura al argumentar que no se podían sumar dos listas para conformar la candidatura de un senador y así ganarle a otro”, explicó el constitucionalista, quien añadió que el máximo tribunal sostuvo que “no se pueden sumar dos partidos para una candidatura a senador porque se está desvirtuando la idea de que tienen que ser dos y uno conforme los votos que saquen y que representen lo que representan, mayoría y minoría”.
En consecuencia, en el caso Bravo, finalmente la Corte Suprema asignó la tercera banca de senador al partido “Frente por un Nuevo País” que postuló a Gustavo Béliz. “Las cosas por más que se hagan una vez no dejan de ser inconstitucionales”, concluyó Gil Domínguez.
Suspensión de las Paso: el oficialismo eliminará las listas colectoras que dividían a sus aliados









