El Gobierno argentino formaliza en las próximas horas la presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar de la ONU para solicitar la suspensión del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas. La medida judicial responde al vencimiento del plazo de dos semanas otorgado a Londres para que frenara los trabajos hidrocarburíferos unilaterales en la plataforma continental. Con este paso, la Cancillería busca resguardar los recursos naturales estratégicos del Atlántico Sur antes de la fase de extracción comercial.
Acciones judiciales ante el tribunal de Hamburgo
La instancia de intimación diplomática iniciada el 28 de septiembre por la Casa Rosada se agotó este lunes. El presidente Javier Milei había instruído a los equipos jurídicos para activar el arbitraje contemplado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
El trámite requiere dos vías simultáneas. Por un lado, el arbitraje de fondo en el marco del Anexo VII de la Convención. Por otro lado, la solicitud urgente de medidas provisionales ante el órgano judicial con sede en Alemania.
El canciller Pablo Quirno encabeza las gestiones para sostener que la extracción petrolera genera daños irreparables sobre los recursos no renovables de la cuenca. La intención oficial apunta a obtener una primera resolución durante el mes de noviembre.
Aún así, no está confirmado cuándo presentará su reclamo. El Gobierno debe definir cuándo presentará el escrito y completar los requisitos procesales. Si lo hace durante octubre, los antecedentes permiten contemplar una primera decisión en noviembre. El Tribunal tendrá que determinar si existe competencia preliminar suficiente y si las circunstancias justifican una intervención urgente.
Mario Oyarzábal, diplomático de carrera con misiones pasadas en Países Bajos y Naciones Unidas, es el encargado de llevar adelante, como director de la consejería legal internacional, el reclamo que el Gobierno presentará ante el tribunal.
«Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar», había argumentado el Presidente hace quince días en sus redes sociales al fundamentar la estrategia judicial.
Los números del emprendimiento hidrocarburífero
El desarrollo hidrocarburífero Sea Lion se sitúa a 220 kilómetros al norte del archipiélago. La empresa israelí Navitas Petroleum opera el complejo con el 65 % de las acciones. El 35 % restante pertenece a la firma británica Rockhopper Exploration.
Ambas compañías prevén iniciar la producción comercial en el primer trimestre de 2028. El plan técnico contempla 11 pozos submarinos y una plataforma flotante con capacidad para 55.000 barriles diarios.
La diplomacia argentina fundamenta su reclamo en la Resolución 2065 de la ONU de 1965 y la Resolución 31/49 de 1976. Ambas normas exigen abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la zona disputada.
Antecedentes y designación en el órgano internacional
Argentina cuenta con el antecedente de la Fragata Libertad retenida en Ghana durante 2012. En aquella oportunidad, el Tribunal del Mar demoró 30 días en dictar la medida cautelar que ordenó la liberación del buque.
En el ámbito institucional, la jurista argentina Frida María Armas Pfirter asumió este 1 de octubre la vicepresidencia del tribunal internacional. Sin embargo, los magistrados actúan de forma independiente y no representan los intereses de sus países.
«Yo creo que la estrategia es buena», consideró Leopoldo Godio, director del Instituto de Derecho Internacional del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.
Una resolución del Tribunal del Mar podría restringir nuevas actividades, disponer medidas para preservar los derechos en discusión o rechazar la solicitud argentina. No constituiría una definición definitiva sobre la soberanía de las Islas Malvinas.
